Un asunto que supone, en palabras del magistrado Antonio del Moral, «el debut» de la Fiscalía Europea en la Sala de lo Penal del alto tribunal, que ha otorgado la competencia de este nuevo órgano para investigar un supuesto fraude de 139.043 euros cometido entre 2014 y 2018 en el marco de un proyecto del Instituto Madrileño para Estudios Avanzados de Materiales financiado por la Unión Europea.
Las competencias de la Fiscalía Europea fueron objeto de debate hace unos meses cuando reclamó la investigación abierta en torno al supuesto cobro de 55.000 euros del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en un contrato de mascarillas.
El asunto se saldó a favor de la Fiscalía Anticorrupción, que también reclamaba las pesquisas, después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidiese que se quedase con la investigación.
El Tribunal Supremo ha abordado ahora la capacidad de «este novedoso actor» -la Fiscalía Europea– para discutir sobre su competencia a la hora de investigar unos hechos frente a un juzgado de instrucción.
Esta Fiscalía supranacional, explica el auto del que ha sido ponente Del Moral, «con un procedimiento y unas normas singulares», se ha «incrustado en nuestro viejo sistema procesal, que obedece a premisas y estructuras muy distintas, cuya necesidad de reforma se ha convertido en idea tópica, tantas veces repetida y anunciada como fracasada».
El tribunal deja claro que no es de «recibo» que se atribuya la capacidad de decidir sobre la competencia de una investigación a la «voluntad libérrima» de uno de los actores, «por muy razonada y prudentemente que se ejerza».
Tras analizar el caso, el Tribunal Supremo ha concluido que la competencia para investigar el caso recae en la Fiscalía Europea al tratarse de un supuesto fraude superior a 100.000 euros, han concluido después de noviembre de 2017 y la infracción afecta a los intereses financieros de la Unión Europea.
Precisamente la Fiscalía esgrimía que los hechos sucedieron antes de esa fecha, mientras que el juzgado de Getafe entendió que el delito se habría cometido después de esa fecha, dado que el último ingreso ocurrió ya en 2018.
Los países comunitarios dieron luz verde en octubre de 2017 a la creación de la Fiscalía Europea, cuya implantación se aprobó en España hace casi un año.
La Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó también la competencia de la Fiscalía Europea y adujo que se trata de un órgano supranacional cuyo objetivo es proteger los intereses financieros de la Unión, más especializado y con más medios materiales que los «limitados» que tiene un juzgado de instrucción, que acumula un amplio abanico de casos a resolver.
