Dignidad y Justicia ha solicitado personarse en la causa que investiga al yihadista de Algeciras con el fin de impulsar la instrucción judicial hasta sus últimas consecuencias.
La asociación cree que se trata de un atentado terrorista, a pesar de que tanto desde el Gobierno como desde el resto de partidos políticos parlamentarios están evitando emplear esta terminología, tratando así los hechos como un asesinato normal.
La asociación Dignidad y Justicia considera que Pedro Sánchez está ocultando la dimensión terrorista del atentado conscientemente al denominarlo simple “ataque” y al llamar “fallecidos” a los asesinados con el fin de evitar tensiones con Marruecos de cara a la inminente cumbre bilateral que tendrá lugar entre ambos países.
“Este encubrimiento de información recuerda al que los socialistas criticaban cuando desde la oposición acusaban al Gobierno de Aznar de mentir tras el 11M”, asegura el presidente de Dignidad, Daniel Portero, quien censura toda ocultación de intereses “venga de quien venga”.
Portero recuerda que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por un delito de terrorismo con el fin de averiguar todo lo que hay detrás del atentado que el
pasado miércoles acabó con la vida de una persona e hirió a varias en la mencionada localidad gaditana.
“Esta iniciativa debería ser suficiente para que el Gobierno califique el hecho como un atentado terrorista”, sostiene el presidente de Dignidad y Justicia, que tiene claro que esta actitud de Sánchez y de su ministro Fernando Grande Marlaska supone una “afrenta a las víctimas”. “El terrorismo ataca a toda la sociedad, es una amenaza contra un país; quitarle importancia es un flaco favor a los españoles, pues
supone dar la espalda a una realidad terrible que nos afecta a todos”, asegura Portero, quien recuerda la diferencia penal entre el delito de terrorismo y el de asesinato que se
pretende achacar al yihadista desde el ámbito político.
“Un delito de asesinato terrorista está castigado con hasta 40 años de prisión, mientras un asesinato normal lo está con entre 15 y 25 años; la responsabilidad civil para el primero supera el medio millón de euros, la asume el Estado y está exenta de cualquier impuesto para las víctimas, mientras la del segundo la determinará la normativa y en ningún caso la asume el Estado”, explica Portero, quien también subraya la repercusión que la consideración de terrorismo conlleva para los familiares de los fallecidos.
Éstos, afirma, “tendrán, entre otros muchos, el derecho a asistencia jurídica gratuita, a ayudas paras tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria a la pública,
reconocimiento de derechos laborales, bonificaciones para la contratación, subvenciones extraordinarias del Ministerio del Interior, un tratamiento específico en materia de vivienda protegida, exención en tasas académicas o ayudas al estudio”.
«Nada de esto reciben los familiares de un asesinato no terrorista», remarca Portero, que también ahonda en las diferencias para los propios reclusos.
“Un condenado por asesinato normal puede acceder al tercer grado con un cuarto de la pena cumplida, mientras que otro que lo haya sido por terrorismo necesitará haber cumplido al menos la mitad, haber mostrado voluntad de abono de la responsabilidad civil, buena evolución, colaboración con la autoridad para resolver otros crímenes y signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas”, distingue el presidente de Dignidad y Justicia.
Consideración terrorista del atentado yihadista
La asociación asumirá el papel que en no pocas ocasiones ha jugado, el de acusación que dirige el impulso de los procedimientos penales, con el fin de que los tribunales
reconozcan lo que los políticos se niegan a admitir, la consideración terrorista del atentado de Algeciras.
A través de la personación en los tribunales, Dignidad y Justicia ha logrado numerosas sentencias judiciales contra el entorno y los miembros de la banda terrorista ETA. Actualmente, esta figura jurídica sostiene la acusación en siete causas contra los jefes de esta última organización por el delito de autoría mediata por dominio.