Los ministros comunitarios de Sanidad han respaldado la propuesta española sobre movilidad de pacientes dentro de la Unión Europea (UE), un texto que supondría un importante ahorro para el sistema nacional de Salud. En el debate del Consejo de Sanidad de la UE que se celebra este martes en Luxemburgo, la mayoría apoyó el nuevo borrador de directiva sobre atención médica transfronteriza elaborado por la presidencia española, que se sitúa a medio camino entre los intereses de este país y la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE).
El compromiso de este martes supone un paso importante hacia el establecimiento de un marco comunitario de derechos para los pacientes, después de que la primera propuesta legislativa fuera bloqueada a finales del año pasado por un grupo de países encabezado por España. Tras el debate sobre el texto, la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, se felicitó por el respaldo obtenido y destacó ante el consejo la actitud de «cooperación y colaboración» de todos los Estados miembros y del Ejecutivo comunitario.
El comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli, afirmó por su parte que el texto «garantizará que los pacientes europeos puedan conocer sus derechos para recibir asistencia sanitaria transfronteriza». Aunque dijo que la CE «hubiera preferido un texto más innovador, el comisario señaló que el Ejecutivo comunitario lo ha aceptado «para que haya un avance en el proceso legislativo».
La nueva propuesta modifica alguno de los puntos que más desacuerdo generaron entre los Veintisiete, como la definición de los países que deben costear los tratamientos recibidos por sus ciudadanos en otros Estados miembros y las condiciones para acceder a dichos servicios. En concreto, establece como regla general que el país de residencia del paciente será el que deba costear su tratamiento.
No obstante, si el paciente decide volver a su país natal -o a aquél en el que esté afiliado a la Seguridad Social- para tratarse, sería éste último el que se haga cargo de su coste, pese a que el ciudadano tenga su domicilio establecido en otro. La anterior propuesta sobre movilidad de pacientes hubiera supuesto un coste adicional para el sistema sanitario español de unos 2.000 millones de euros anuales, debido al gran número de pensionistas europeos residentes en España, según estimaciones del Ministerio de Sanidad.
El nuevo borrador también incluye la obligatoriedad de contar con una autorización previa del sistema sanitario del país de origen para aquellos pacientes que reclamen ciertos tipos de asistencia médica en un Estado miembro diferente. Asimismo, establece que los pacientes europeos podrán acceder indistintamente a los servicios de centros sanitarios públicos y privados de todos los Estados miembros, siempre que los establecimientos cumplan las normativas nacionales de seguridad y calidad sanitaria.