El Gobierno de Japón aprobó hoy nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear, que incluyen la congelación de activos vinculados al desarrollo atómico de ese país y una mayor supervisión de sus transacciones financieras. Las sanciones se unen a las que han impuesto EEUU y la Unión Europea (UE) a raíz de la resolución 1.929 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en junio para castigar a Irán por su programa de enriquecimiento de uranio y de desarrollo nuclear.
El nuevo paquete de sanciones niponas consta de siete puntos pero evita imponer restricciones a la importación de crudo de Irán, que es para Japón su tercer mayor suministrador de petróleo.
El Gobierno de Japón, que ya había decidido nuevas sanciones contra Irán hace un mes, acordó hoy restringir las inversiones japonesas en proyectos de desarrollo de petróleo y gas, así como congelar los activos de 88 instituciones y 24 individuos iraníes.
En total, 161 organizaciones iraníes y 65 individuos están sujetos a restricciones en sus transacciones financieras en Japón de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, según informó la agencia local Kyodo.
Además, el Ejecutivo nipón impedirá a las instituciones financieras japonesas abrir oficinas en Irán, al tiempo que tampoco permitirá a los bancos iraníes instalar sucursales en Japón.
El ministro nipón de Exteriores, Katsuya Okada, dijo que es preciso enviar un mensaje de unidad de la comunidad internacional en la aplicación de las sanciones contra Irán.
Irán niega que su programa de enriquecimiento de uranio tenga como objetivo fabricar armas nucleares y asegura que su finalidad es el uso pacífico de la energía nuclear.
Gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos e Israel a la cabeza, acusa a Irán de ocultar, bajo su programa nuclear civil, otro de naturaleza clandestina y aplicaciones bélicas cuyo objetivo sería la adquisición de armamento atómico.
La última resolución de la ONU contra Irán establece nuevas restricciones a las operaciones de los bancos iraníes, al tiempo que incrementa el escrutinio de las transacciones en el exterior de las entidades financieras de ese país.
Asimismo, endurece el embargo de armas a Irán y sanciona a 40 entidades del país, entre ellas varias vinculadas a la naviera estatal iraní, así como a la Guardia Revolucionaria, al tiempo que refuerza el régimen de inspecciones a buques y aviones iraníes.