Francia organizó la reunión celebrada este lunes en París con ministros europeos y de Canadá sobre inmigración irregular y derecho de asilo, pero intentó evitar discutir sobre las expulsiones de gitanos, asunto que ha puesto en tensión las relaciones entre París y la Comisión Europea.
Pese a que trató de eludir el tema de las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros de suelo galo, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, organizador del encuentro internacional, no pudo escapar a la polémica, y se esforzó en defender ante la prensa la posición de su país.
En primer lugar, negó que se tratara de expulsiones colectivas y que su objetivo fuera la comunidad romaní, señaló que se trata del envío de «ciudadanos rumanos y búlgaros» a sus países y, sobre todo, insistió en que en este tema «Francia respeta escrupulosamente el derecho comunitario».
Aseguró que el Gobierno francés está dispuesto a seguir dando explicaciones ante la Comisión Europea, cuya representante en esta conferencia de París, la titular de Asuntos Interiores, Cecilia Malstrom, no quiso comparecer ante la prensa, al contrario que el resto de los participantes.
Besson, que evitó comentar la posición del Ejecutivo europeo alegando que no es el «portavoz» de Malstrom, atribuyó la negativa de la comisaria a hablar públicamente en esta reunión a que este martes tratará de este asunto ante el Parlamento Europeo.
Antes de que eso ocurra, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, recibe esta tarde al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con quien se prevé que trate en particular de las expulsiones de gitanos, que desde comienzos de enero son cerca de 9.000, casi tantos como en todo 2009.
El Ejecutivo comunitario pidió a Francia la semana pasada aclaraciones sobre la legalidad de esas expulsiones, y debe emitir un dictamen en los próximos días, que podría conducir a llevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo.
Besson justificó que el tema de los gitanos no estuviera en la agenda de los seis países europeos participantes (Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Alemania y Bélgica) y Canadá porque se trataba de hablar de los problemas de la inmigración irregular y del derecho de asilo en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Pese a todo, el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, no sólo justificó la política de su Gobierno de expulsar gitanos rumanos, que comparó a la de Francia, sino que señaló que responde a los «problemas» que plantea la normativa comunitaria sobre el derecho de los ciudadanos de la UE a instalarse en otro país.
A su juicio, las limitaciones para que los ciudadanos de un país se instalen en otros durante más de tres meses «no cuentan con sanciones suficientes» para que sean aplicables.
España y Estados Unidos, que habían sido invitados a asistir a este encuentro -cuya idea había surgido durante un desplazamiento de Besson a Canadá-, no enviaron a ningún representante.
Más allá de la cuestión de los gitanos, Maroni defendió su política de control de la inmigración irregular, y en particular el acuerdo suscrito con Libia, que ha permitido reducir de 30.000 a 400 la llegada de clandestinos a la isla italiana de Lampedusa.
Precisamente, el ministro griego de Protección del Ciudadano, Spiros Vougias, consideró que las medidas de los gobiernos italiano y español para impermeabilizar sus fronteras con el norte de África estaban desplazando a Grecia los flujos de ‘sin papeles’ que intentan entrar en la UE y pidió ayuda a sus socios europeos. «Esperamos más solidaridad europea para Grecia» que es «un pequeño país» y solo «no puede controlar estos flujos, comentó Vougias, que aseguró que este año un 82% de los inmigrantes clandestinos que han llegado a la UE lo hicieron por su país.
Uno de los objetivos declarados del encuentro de París era avanzar en las discusiones sobre una estandarización de las reglas para los demandantes de asilo en la Unión, con vistas a la conferencia ministerial de los 27 países de la UE, prevista para los próximos días 13 y 14 en Bruselas.
Bélgica, Alemania y Francia, donde las demandas de asilo crecieron respectivamente un 40%, un 25% y un 18% en 2009 mientras disminuían en otros Estados europeos, consideran necesaria esa estandarización para evitar que las diferencias legales sean utilizadas por las redes de inmigración ilegal.