Francia accedió este viernes a la exigencia de la Comisión Europea de trasponer integralmente la directiva sobre la libre circulación de ciudadanos europeos, pero no admite haber dado un trato discriminatorio a los gitanos rumanos y búlgaros que ha expulsado y va a presentar, para ello, documentos en su apoyo.
«Con el fin de responder a la petición de la Comisión de una mayor transparencia y seguridad jurídicas (…) las autoridades francesas están dispuestas a insertar ciertas disposiciones de la directiva en los textos del derecho nacional», declaró el Ministerio francés de Exteriores.
Un portavoz del departamento de Inmigración dijo que habrá una «transposición integral» del texto de la directiva sobre la libre circulación de ciudadanos comunitarios y se hará en diciembre por la vía de una enmienda, durante la tramitación de un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que endurece la lucha contra los «sin papeles» y agiliza su expulsión.
El portavoz señaló que París no había hecho la adopción integral porque estimaba que su normativa actual ya incorpora el espíritu del texto europeo, pero, puesto que el Ejecutivo comunitario tenía dudas al respecto, se va a integrar la directiva al derecho francés sin cambios. Indicó que la nueva ley que el titular francés de Inmigración, Éric Besson, defiende desde septiembre ante el Parlamento con el argumento de que es necesario para hacer frente a los compromisos europeos mantendrá las polémicas disposiciones que contemplan la expulsión de ciudadanos de la UE que carezcan de medios económicos para residir en Francia o que practiquen una mendicidad agresiva.
El departamento de Besson insistió en que no se va a modificar la política de expulsiones, que ha supuesto el envío a sus países de 10.000 rumanos y búlgaros desde el pasado 1 de agosto. Esa política, de acuerdo con su explicación, es la misma que Francia ha venido aplicando en los últimos años y no es discriminatoria con los gitanos, en contra de las dudas que podía tener la Comisión Europea, que había pedido aclaraciones.
Para aplacar esas dudas, las autoridades francesas van a presentar en Bruselas antes de la próxima medianoche una carta, apoyada en un anexo con varios documentos, que «demostrarán que Francia ha tratado individualmente, caso por caso», a los expulsados y que, por tanto, no han sido objeto de un procedimiento colectivo por ser gitanos.
El portavoz de Inmigración señaló que en los anexos de esa carta se va a incluir una nota sobre la metodología utilizada por las autoridades francesas para llevar a cabo las expulsiones y sobre el control jurídico a que estaban sometidas. También se va a incorporar una nota estadística de las expulsiones que -subrayó- más allá de las acusaciones que ha recibido Francia, no se han limitado a gitanos rumanos y búlgaros, sino que ha concernido también a nacionales de otros países de la UE.
En el dossier que va a recibir Bruselas no habrá nada sobre la circular del Ministerio francés de Interior del mes de agosto que encargaba a los prefectos (delegados del Gobierno) que se aplicaran de forma particular en el desmantelamiento de campamentos de gitanos y la expulsión de los que fueran extranjeros. La razón dada por París es que dicha circular fue anulada a comienzos de septiembre, una vez que se filtrara a la prensa su existencia, y que en la práctica no se utilizó de forma discriminatoria contra los gitanos.
La Comisión había amenazado el pasado 29 de septiembre con expedientar a Francia si no ajustaba sus leyes a la directiva europea sobre la libre circulación de ciudadanos y le había dado hasta este viernes para ofrecer explicaciones sobre las sospechas de que estaba discriminando a los gitanos en su política de expulsiones.
Más allá de este contencioso con Bruselas, las autoridades francesas pretenden desplazar este debate a la inacción de las administraciones rumanas y búlgaras para integrar a sus respectivas comunidades gitanas, pese a los fondos europeos que reciben.
Para París, eso ha llevado a muchos de ellos a instalarse en otros países europeos aprovechando la libre circulación dentro de la UE, y en concreto en Francia, donde les reprochan aprovecharse de la generosidad de sus ayudas sociales y dedicarse a actividades ilegales o de economía sumergida.