EEUU presionó al Gobierno español para «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA, según publicó este martes el diario El País.
En los documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks se desprende también que el embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, pero que también había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Entre esas presiones destaca la dirigida en marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces asesor diplomático en la Moncloa, al que le advirtió: «Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EEUU», en referencia a las críticas en el cuarto aniversario de la invasión de Irak.
Además, apunta que un aviso «similar» se envió al entonces secretario de Organización del PSOE, José Blanco.
EEUU contó con la colaboración de autoridades del Gobierno y con información sobre la marcha de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional sobre la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad por disparos de una tanque estadounidense y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas que hicieron escala aérea en España.
También señalan la colaboración del fiscal general del Estado y de los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota.
Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el ‘caso Couso’.
Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el embajador Aguirre y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que «estaba muy implicada en el seguimiento del caso» y que «una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso».
En enero de 2007, Conde-Pumpido mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el ‘caso Couso’. El fiscal general del Estado explicó que el Gobierno no podía hacer nada en este caso, pero que los fiscales «seguirían oponiéndose» a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.
El fiscal Javier Zaragoza se dirigió, por su parte, en mayo de 2007 al consejero político norteamericano para informarle de que se había opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte de Couso.
Guantánamo
En el caso de la causa abierta en la Audiencia Nacional por las torturas en Guantánamo, EEUU expresó su preocupación por la posible aplicación en España de la jurisdicción universal a la hora de enjuiciar crímenes cometidos en otros países.
«Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de EEUU por su presunta implicación en torturas en Guantánamo», señala un documento secreto redactado en junio de 2009, con motivo de la visita a Madrid de la fiscal general de EEUU, Janet Napolitano.
En abril de 2009 el senador estadounidense Mel Martínez, de visita en España, se dirigió al entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, para transmitirle que la investigación sobre las torturas en Guantánamo «no sería entendida ni aceptada en EEUU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales».
Lossada respondió que «el Gobierno español comunicaría a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia».
Por su parte, Zaragoza se reunió en abril de 2009 con altos cargos de la embajada para explicarles las claves del caso de Guantánamo días antes de rechazar la investigación del mismo y les trasladó que haría todo lo posible para que el caso no cayera en manos del juez Baltasar Garzón.
Vuelos de la CIA
Sobre los vuelos de la CIA, el fiscal Vicente González Mota aseguró en enero de 2007 a la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre estos vuelos porque estaba convencido de que en ellos no habría nada «incriminatorio». Esos documentos -según explica El País- llegaron a la Audiencia Nacional semanas después llenos de tachaduras.
En febrero de 2007 la embajada de EEUU expresa en un documento su preocupación por la coordinación existente entre el juez Ismael Moreno, instructor del caso y los fiscales alemanes. «Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno», señala.