La crisis nuclear que sufre Japón ha cuestionado la capacidad de los reactores para soportar las embestidas de los desastres naturales, por lo que el Gobierno español ha decidido verificar la fortaleza de sus plantas ante terremotos e inundaciones.
Así lo ha anunciado este miércoles en el Congreso el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien ha explicado que su departamento ha encargado una revisión completa de los ocho reactores operativos en España, así como informes complementarios sobre los riesgos sísmicos y de inundaciones a los que puedan estar sometidos.
La revisión comenzará por la central de Cofrentes (Valencia), cuya vida útil se prorrogó diez años el día antes del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima, que posee el mismo tipo de reactor que la planta valenciana: de agua en ebullición.
El anuncio del ministro se ha producido en respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien ha comparado la actitud del Gobierno ante la crisis nuclear con la que tuvo, a su juicio, ante la recesión económica: «Cruzarse de brazos», «minimizar» la gravedad, y, finalmente, «no hacer nada en el momento oportuno».
También en el Parlamento, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abogado por reforzar al máximo la seguridad de las centrales, aunque ha evitado ir más allá, y se ha limitado a reiterar que el debate nuclear en España debe plantearse «en términos de racionalidad, no ideológicos».
El presidente ha opinado que la fecha de cierre para 2013 de la central burgalesa de Garoña -con un reactor gemelo al de Fukushima- es «razonable» tras 42 años de funcionamiento.
El PP, a través de su portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamado «serenidad y sensatez» para abordar el debate nuclear; mientras que el diputado de CiU, Josep Antoni Duran Lleida ha apelado a la serenidad y a que toda reflexión sobre este tema se enmarque en «las necesidades energéticas futuras» de España.
Por su parte, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) ha reclamado mejores planes de emergencia para las plantas, y que la seguridad de los reactores se verifique en base a criterios profesionales, no políticos.
Mientras que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, una de las compañías propietaria de centrales en España, ha vuelto a insistir este miércoles en las «bondades» de la energía nuclear; los grupos ecologistas han insistido en «los peligros» de este tipo de generación.
Aprovechando que la Comisión de Industria del Congreso aprobó ayer el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares, que establece un régimen de responsabilidad limitada para los titulares de las centrales de 1.200 millones de euros, Greenpeace ha exigido al Parlamento que la responsabilidad civil sea «ilimitada» en caso de accidente.
Tanto esta organización como otros colectivos sociales y ecologistas han convocado mañana movilizaciones en 20 ciudades españolas para expresar su solidaridad con el pueblo japonés y pedir al Gobierno que cierre de inmediato la central de Garoña y de forma escalonada los otros siete reactores operativos.
Para tranquilizar a la población, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha descartado este miércoles que una hipotética nube tóxica procedente del accidente nuclear de Japón pueda alcanzar el territorio español.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha asegurado que la colonia española en Japón está bien, que no hay ningún español en cien kilómetros alrededor de la central nuclear afectada ni, por tanto, en las zonas de riesgo determinadas por el Gobierno japonés.
Redacción