El Tribunal de Milán rechazó este lunes inhibirse del llamado ‘caso Ruby’, en el que se juzga al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por supuesta incitación a la prostitución de menores y abuso de poder, y dispuso la apertura de la fase oral del juicio para el próximo 3 de octubre. Los jueces de la cuarta sección penal de la Corte milanesa que juzgan al mandatario desestimaron las dieciséis alegaciones presentadas por los abogados de Berlusconi, entre ellas la de incompetencia funcional y territorial del Tribunal de Milán para encargarse de este caso.
Niccolò Ghedini, uno de los abogados de Berlusconi, definió la decisión como una «gravísima violación de la ley» a su salida del Palacio de Justicia de Milán, donde este lunes se celebró además una nueva audiencia del caso Mills, también en ausencia del primer ministro, quien está imputado por supuesta corrupción en acto judicial.
Los abogados de Berlusconi habían solicitado al Tribunal de Milán que se inhibiera del caso al considerarle deslegitimado, bien porque el supuesto delito de abuso de poder correspondería al Tribunal de Ministros, bien porque el de incitación a la prostitución de menores versa sobre hechos acaecidos en la localidad de Arcore, bajo jurisdicción del de la ciudad de Monza.
La Fiscalía atribuye a Berlusconi un delito de abuso de poder por la llamada a una comisaría de Milán el 27 de mayo de 2010 para que dejaran en libertad a la joven marroquí Ruby, detenida por robo, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak.
La incitación a la prostitución de menores radica, según la defensa del primer ministro, en Arcore, donde Berlusconi tiene la residencia en la que pudo mantener relaciones sexuales con Ruby a cambio de dinero cuando esta era menor de edad.
El Tribunal milanés decidió este lunes seguir adelante con el juicio alegando que la ley establece que el proceso tiene que llevarse a cabo en el lugar en el que se pudo cometer el delito de mayor peso penal, en este caso el abuso de poder, que, según los jueces, fue Milán, al encontrarse en la ciudad la comisaría de la que Berlusconi pidió que se sacara a Ruby.
Los jueces consideran además que tienen la «competencia funcional» para juzgar el abuso de poder y no el Tribunal de Ministros, a pesar de que los abogados del mandatario sostienen que la llamada la hizo Berlusconi por «motivos institucionales» creyendo que Ruby era la sobrina de Mubarak.
Aun así, los jueces han tomado nota de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del conflicto de competencias remitido por el Parlamento sobre el caso y continuarán con el proceso a la espera de que la Alta Corte se pronuncie, lo que se espera que ocurra a finales de año.
El primer ministro italiano no compareció este lunes ante los jueces por el caso Ruby, como tampoco lo hizo por el caso Mills, para el que se había llegado a anunciar su presencia, anulada por un encuentro programado a última hora en Roma con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, para abordar la situación del país.
En el caso Mills se juzga el supuesto pago de 600.000 dólares por Berlusconi a su exabogado, el británico David Mills, a cambio de que falseara a su favor su testimonio en dos juicios de finales de los años 90 permitiendo que el mandatario quedara absuelto.
En otra vertiente del caso, Mills ya fue condenado en primera y segunda instancia por corrupción en acto judicial por haber mentido en esos dos mismos juicios, aunque el Supremo italiano decretó el 25 de febrero de 2010 la prescripción del delito.
Este lunes ofreció su testimonio en videoconferencia desde Suiza Pierre Amman, ex asesor jurídico de un banco suizo que, según la Fiscalía, participó en las operaciones de transferencia de esos 600.000 dólares.
Amman negó que tuviera constancia de que se hubieran llevado a cabo «operaciones ilícitas» en los hechos que se juzgan en el caso Mills, cuya próxima audiencia se celebrará ya el próximo 19 de septiembre.