La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha liberado a los nueve militares resguardados en una brigada castrense desde el 7 agosto y procesados en España por el asesinato en 1989 de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, informó una fuente judicial. La decisión de la CSJ significa que los nueve militares «no tienen restricciones ni privación de libertad, y no hay autoridad que pueda proceder a capturarlos», dijo a los periodistas el magistrado Ulices Guzmán.
Los nueve militares, de 20 procesados por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas, se refugiaron en una brigada militar en San Salvador el 7 agosto, tras conocer que la Policía se disponía a ejecutar una orden de captura internacional cursada por la Interpol a petición del juez español Eloy Velasco.
«La ‘difusión roja’ (emitida por Interpol) puede ir o no acompañada de solicitud de detención con fines de extradición, pero en ese caso es el Estado quien debe de solicitarla; es decir, el reino de España a través de las autoridades diplomáticas o por medio del Ministerio de Justicia, y no tenemos ninguna comunicación dirigida a la Corte por parte del reino de España», dijo Guzmán.
«De modo tal que la CSJ no tiene por qué considerar decretar una detención de una solicitud que no ha sido formulada», puntualizó. También indicó que la Policía salvadoreña «no puede proceder a capturar a los militares porque eso sí implicaría ejecutar una sentencia en un juzgado extranjero», lo cual «sí lesionaría la soberanía nacional», precisó.
El fallo fue aprobado por 10 votos a favor y dos en contra, de los 12 magistrados que participaron en la reunión, de 15 que integran la CSJ; los otros tres se excusaron por distintas razones, entre ellos su presidente, Belarmino Jaime.
Otro «capítulo más de la farsa»
Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, declaró a la emisora YSUCA que la decisión de la Corte es otro «capítulo más de la farsa», y «una demostración de que este sistema de justicia 20 años después del fin de la guerra sigue siendo igual».
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), indicó a la estatal Radio Nacional que con la decisión de la Corte «simplemente se está cerrando un capítulo, pero la historia no termina». También este miércoles, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inadmisibles, por cuestiones de forma, los recursos de hábeas corpus interpuestos el 22 de julio pasado por defensores de seis de los militares implicados.
Los recursos fueron interpuestos «por amenaza al derecho de libertad (de los seis militares) motivada por la ‘difusión roja'», pero la Sala los rechazó por «no ser posible atribuir a las autoridades de la Policía Nacional Civil e Interpol El Salvador actuaciones violatorias», según el fallo divulgado por la CSJ.
Los militares están siendo procesados en la Audiencia Nacional de España por la matanza perpetrada el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
También acabaron con la vida de los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y del salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años.
Estrella Digital/Efe