Desde la mirada retrospectiva que una década nos permite realizar, se pueden extraer algunas breves conclusiones sobre determinadas consecuencias que los ataques terroristas de Al Qaeda del 11S han tenido en la seguridad interior de la Unión Europea.
A pesar de las diferentes opiniones sobre el impacto real de los atentados terroristas, es difícil de negar, que los actos de megaterrorismo del 11S, han sido un punto de inflexión en la configuración de las relaciones de poder del mundo actual y sobre todo en la necesidad de asimilar rápidamente los nuevos riesgos y amenazas que irrumpieron en las sociedades del Siglo XXI. Estas amenazas asimétricas, multidimensionales, transnacionales, globales, etc., afectan la seguridad tanto desde dentro como desde fuera del territorio de un Estado. Se están produciendo importantes cambios de tendencias en la gestión de la seguridad, y por ello es relevante conocer algunas de ellas, que se están poniendo en marcha en Estados Unidos, ya que su experiencia y buenas (y malas prácticas) son seguidas muy de cerca por las autoridades europeas.
El panorama de la “homeland security” en Estados Unidos
Tanto Estados Unidos como los países europeos percibieron la amenaza terrorista de forma diferente, respondiendo cada uno de ellos según sus particulares circunstancias y condicionantes históricos, políticos, sociales e incluso burocráticos, a lo que se debe sumar el impacto emocional y subjetivo que provocaron en un primer momento estos atentados.
La conclusión fue clara, era necesario actuar en dos direcciones. Por un lado, hacer frente a la amenaza terrorista “en casa”, desde una perspectiva más defensiva, mejorando la respuesta policial, judicial, de protección de infraestructuras críticas, etc., para proteger el territorio y a la población de futuros atentados, la consigna fue que el 11-S no podía repetirse. Por otro, en una dimensión externa y más ofensiva, vinculada a la necesidad de combatir los grupos terroristas de Al Qaeda o vinculados a él, asentados en otros países o regiones del mundo, para lo cual se planteaba como necesario la utilización de la fuerza militar, y en menor medida herramientas de cooperación y de diplomacia pública para intentar limitar algunas de las causas consideradas estructurales del terrorismo.
Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo de alcance global. Como algunos académicos han planteado, la metáfora de la “guerra” era diagnóstico y prescripción al mismo tiempo. Había supuestamente un enemigo que destruir o derrotar mediante el uso de la fuerza militar. Poco a poco, se fueron plasmando en diversos documentos oficiales una respuesta mas articulada. El gran impacto y visibilidad de la dimensión más ofensiva y militar de la lucha contra el terrorismo que puso en marcha Estados Unidos y sus aliados como la invasión de Afganistán con apoyo de Naciones Unidas y la controvertida guerra de Irak, no debe restar importancia a las importantes decisiones y medidas que se adoptaron en el ámbito de la seguridad interior que provocó la reorganización de mayor envergadura realizada en Estados Unidos en los últimos cincuenta años, tras la finalización de la Segunda Guerra mundial. El 11-S produjo un cambio abrupto en la aproximación al terrorismo global tanto fuera como dentro de Estados Unidos. Este último lo comenzó a considerar una amenaza existencial a su forma de vida, utilizándose un lenguaje que nos retrotrae a los momentos más delicados de la guerra fría y a la amenaza nuclear. Incluso la utilización del término “homeland”, dice mucho de los sentimientos que marcaron las reacciones estadounidenses, ya que no se utilizaba de forma generalizada antes del 11S.
Desde un primer momento la “prevención” de futuros ataques terroristas fue el eje central de la política antiterrorista norteamericana cuya traslación al ámbito de la seguridad interior estuvo marcado por el sentido de la urgencia y lo inmediato, en el que se consideraba intolerable cualquier otro atentado terrorista en territorio norteamericano, el objetivo era prevenir “todos” los futuros ataques, siendo muy criticados quienes desde una perspectiva más realistas sostenían que es imposible lograr un 100% de seguridad, por muchos recursos y esfuerzos que se realicen.
A los pilares de la seguridad nacional norteamericana, se sumó una nueva rama, la “homeland security”. A modo de ejemplo, se puede mencionar que a los pocos días del 11S se crea la Oficina de Seguridad Interior, que se transforma a las pocas semanas el Consejo de Seguridad Interior (Homeland Security Council), y la figura del Consejero de Seguridad interior. En 2009, el Gobierno del Presidente Obama, y tras una revisión de la estructura organizativa en seguridad interior y anti-terrorista, realizó una fusión del staff del Consejo de Seguridad Interior y del Consejo de Seguridad Nacional, creando el National Security Staff, buscando mejorar la coordinación entre la gestión seguridad interior y exterior. Otra gran novedad en materia de seguridad interior fue la creación de un nuevo departamento (equivalente a un ministerio) del Gobierno Federal de los Estados Unidos. No se puede decir que la reorganización interna haya concluido, todo lo contrario ya que han recibido importantes críticas, lo que se ha plasmado en nuevas iniciativas, programas, centros, integración de otras agencias y oficinas gubernamentales para mejorar la coordinación, el intercambio de información, etc. Con motivo del 10 aniversario del 11-S, cabe preguntarse ¿Cuáles son (o debieran ser) los ejes de la seguridad interior en esta nueva década, y si ese sentido de urgencia, ese objetivo de rozar la perfección y de evitar al 100% de los ataques terroristas ha sido reemplazado o al menos matizado al otro lado del Atlántico? Es difícil poder elaborar una respuesta unívoca, ya que es indudable que para los responsables directos en materias de seguridad, el sentido de urgencia no puede ni debe abandonarse, si parece haberse producido un cierto y matizado cambio de percepción sobre esta materia, tal y como algunos expertos destacan, fundamentalmente bajo la Administración Obama. Sin embargo, hace solo unos meses (Mayo 2011), se prorrogó el plazo de la Patriot Act, a pesar de las numerosas críticas y la percepción extendida en cierto círculos norteamericanos de que existe cierta obsesión sobre la seguridad tras el 11-S que ha servido de coartada para cercenar y limitar sus libertades civiles.
Bajo el mandato del Presidente Obama, se hizo público en mayo de 2010 una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, aunque en general hay acuerdo, en que es un documento continuista con respecto a la estrategia de Seguridad de su antecesor hecha pública en 2006, si se destacan algunas novedades, siendo una de ellas del ámbito de la seguridad interior, ya que incorpora por vez primera en este documento el concepto de resiliencia, orientado a mejorar la capacidad de recuperación y resistencia, para que lo antes posible la sociedad pueda volver a su funcionamiento normal tras algún acontecimiento catastrófico. Se debe destacar que ya el concepto de resiliencia ya lo había incorporado el Presidente Bush en la revisión de su National Strategy for Homeland Security en 2007.
En la Estrategia de Seguridad Nacional vigente, se plantea la necesidad de mejorar la resiliencia de infraestructura tanto física como social de los Estados Unidos así como la mejorar la gestión de desastres naturales y causados por el hombre, incluyendo los ataques terroristas. Se asume una cierta incapacidad de evitar este tipo de acontecimientos, sean del origen que sean.( Se deben tener en cuenta el impacto de la gestión del Katrina). En este sentido, se pueden comprender las palabras del presidente Obama en una entrevista a Bob Woodward en el que reconoce la capacidad de Estados Unidos de absorber un nuevo atentado, preparando a la sociedad sobre la posibilidad de que un acontecimiento similar pudiera suceder en territorio norteamericano. “We can absorb a terrorist attack. We’ll do everything we can to prevent it, but even a 9/11, even the biggest attack ever . . . we absorbed it and we are stronger.»
Poco a poco hay ido surgiendo una corriente de pensamiento que reclama la necesidad de superar la sensación de urgencia y pánico que siguió a los atentados de Septiembre de 2001, porque se considera que es una forma de proveer de alicientes a los terroristas, que en definitiva constatan que aunque sus intentos fracasen, como el de Umar Farouk Abdulmutallab (quiso detonar una bomba en periodo navideño en un avión con rumbo a Detroit en 2009) el pánico y la medidas tomadas a posteriori provocan un gran impacto. La tendencia parece ir evolucionado, de obtener seguridad a corto plazo, con altos costes, en todos los ámbitos, a una visión más a largo plazo, en el que se asume que se debe aprender a convivir con un cierto nivel de amenazas y riesgos. Aunque se considera que esto es factible cuando los atentados terroristas sean limitados, es decir no actos de hiperterrorismo como los del 11S, ya que si estos fueran continuos, difícilmente se podrían mantener las bases que sustentan nuestras sociedades abiertas y democráticas. Por ello es tan relevante no caer en la autocomplacencia y en la relajación, porque en gran medida si no se han cometido importantes ataques terroristas en Europa y Estados Unidos han sido por las medidas de seguridad puestas en marcha a lo largo de los últimos diez años, lejos estamos de haber superado la amenaza del terrorismo global. La sociedad del riesgo ha venido para quedarse.
Aquí entraría una de las nuevas directrices en materia de seguridad, se estaría evolucionando de una política basada en unas expectativas muy altas, en las que se pretendía eliminar el riesgo a una política de gestión del riesgo, reforzando la idea de construir sociedad resilientes a las amenazas terroristas. Y en este elemento, el de la resiliencia y el asumir que es imposible una prevención al 100 % los ataques terroristas, y más aún en sociedades abiertas, puede marcar un punto de inflexión en la política de seguridad interior norteamericana. Con motivo de este décimo aniversario de los atentados de septiembre de 2001, diversos expertos han comenzado plantear la necesidad de aceptar que la valoración norteamericana de la amenaza terrorista posterior al 11-S fue desproporcionada y exagerada, a lo que contribuyó la clase dirigente de todo el espectro político norteamericano, vale como ejemplo la reacción del Senador Daniel Akaka acusando a la administración Bush de no cumplir con la más fundamental de las misiones de proteger el territorio nacional y de la guerra contra el terrorismo, con motivo de las declaraciones del Vicepresidente Cheney en mayo de 2002,en el que aclaró que la pregunta más acertada que se debía hacer era “cuando” y no “si” un terrorista iba a atacar a los Estados Unidos (mencionado en Jackson en The long shadow of 9/11: American’s Response to Terrorism, RAND).
Esto no significa abandonar los esfuerzos y la necesidad de continuar mejorando las estructuras de lucha contra el terrorismo, sino todo lo contrario, es hacerlo sostenible en el tiempo y evitar de esa manera que se puedan producir atentados al estilo del 11S. Es indudable que este debate tiene aún mucho más cabida en un contexto de necesaria reducción de gastos en la que ya no es sostenible gastos desorbitados en los que los beneficios en materia de seguridad parecen muy limitados. Ni la seguridad Interior se ha visto a salvo de recortes, al parecer el presupuesto del Departamento de seguridad interior se reducirá en 1 billón de dólares para el 2012. Queda por ver las consecuencias que tendrá el mismo.
En este contexto de evolución en cuanto al concepto de guerra contra el terrorismo, de la gestión de las amenazas y el riesgo ante un escenario internacional en evolución por los acontecimientos en el mundo árabe, a lo que debe sumarse la muerte del máximo líder e inspirador de Al Qaeda, y sin olvidar la fuerte crisis económica y que el Presidente Obama ya inició su carrera para la reelección, se hizo público a finales de junio de 2011, una revisión de la Estrategia Nacional de lucha contra el terrorismo.
La estrategia refuerza la idea de que Al Qaeda, sus organizaciones afiliadas y sus seguidores son las principales amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Por ello, más que una guerra global se hace referencia a esfuerzos focalizados en diversas regiones del mundo en los que están actuando grupos afiliados y afines a Al Qaeda. Sin entrar en comparaciones con su versión anterior, si se puede decir que es la primera estrategia contra el terrorismo que refuerza la idea que el territorio nacional (homeland) es un ámbito en el que deben centrarse los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente de Al Qaeda. Se hace especial hincapié en la necesidad de un esfuerzo conjunto de todos los ámbitos gubernamentales (“whole-of-government aproach”) y de todas las herramientas disponibles, buscando articular una política integrada, efectiva, eficiente, y respetuosa con los valores americanos de respeto de las libertades y los derechos humanos. Asimismo se reconoce que a pesar de todos los esfuerzos que se realizan, ninguna nación y más aún de carácter abierto y democrático como la norteamericana puede evitar actos violentos de personas que decidan hacer daños sin importarle las consecuencias. Por ello, se plantea como un objetivo central construir una cultura de preparación y resiliencia, que ya se había detallado en la Directiva Presidencial nº 8 (Presidential Policy Directive) de Mayo de 2011. Asimismo, y como una forma de complementar la Estrategia antiterrorista, se hace público pocas semanas después la “National Strategy on Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism”, dicho documento se centra en la violencia extremista en el territorio nacional y busca la colaboración conjunta de todos los niveles gubernamentales así como la colaboración de la sociedad civil norteamericana. Estos esfuerzos se orientaran fundamentalmente en tres ámbitos: la lucha contra ideologías extremistas (sean del signo que sean), reforzar la cohesión social y construir resiliencia dentro de las comunidades americanas.
Los actos de megaterrorismo en la lucha contra el terrorismo global en Europa
Son conocidas las dificultades de la UE para definir un modelo de seguridad integral que logre vincular adecuadamente todos los elementos propios de la misma. Sin embargo, si se puede llegar a considerar que a lo largo de estos años, desde que el Grupo de Trevi (1976) iniciara la cooperación intergubernmantal, se ha ido configurando una cierta forma de hacer las cosas en materia de seguridad interior, un modelo (o submodelo según algunos expertos), impulsado fundamentalmente por la necesidad de cooperar en materia de lucha antiterrorista. La lucha contra el terrorismo global plantea grandes desafíos a un Estado convencional y por ende a un ente tan heterogéneo como la UE. Entre ellas podemos mencionar la tensión existente entre la defensa de la libertad y la garantía de la seguridad y las dificultades para lograr un equilibrio optimo entre ambos elementos, debate en el que se deben incorporar sensibilidades de 27 socios. Una política de seguridad interior eficaz, debe coordinar y utilizar una gran cantidad de políticas, instrumentos, estructuras institucionales, etc., lo cual es especialmente difícil en el ámbito comunitario, uno de cuyos principales déficits es el de la coherencia. Se deben tener en cuenta los intereses internos y las divisiones intra e inter institucionales, las diferencias ideológicas entre sus responsables, y el conflicto latente que existe por los esfuerzos de los Estados miembros por retener el control sobre sus políticas e instrumentos en una esfera que se considera del núcleo duro de la soberanía de un Estado.
Esto explica en cierta medida, que el modelo de seguridad interior que se perfila está lejos de ser un modelo coherente. La seguridad europea se encuentra fragmentada entre diversos actores, sus competencias compartidas entre Estados miembros (sobre quien recae la responsabilidad de la seguridad interior), marcos de cooperación intergubernamental (europeo e internacional), algunos ámbitos se han comunitarizado y son responsabilidad de instituciones europeas, etc.
Por ello, y a pesar de de las numerosas declaraciones al respecto, una de las últimas incluidas en la Estrategia de Seguridad Interior adoptada a principios de 2010, en el que afirma que por medio del mencionado documento se establece la política común de seguridad interior de la UE, es difícilmente contrastable y menos aún que esta sea una política común. Aunque, no por ello se pueden dejar de mencionar los importantes avances en la materia, y las repercusiones positivas en la seguridad de los europeos.
Los actos de megaterrorismo como el 11S y muy especialmente del 14M y 7J han significado un punto de inflexión en la atención que se le dedica a la seguridad interior, especialmente el terrorismo. Entre las primeras consecuencias que pueden mencionarse tras el 11-S, fue algo tan simple y a la vez tan relevante como situar al terrorismo global en lo más alto de la agenda europea. La tradicional reticencia de los socios europeos fue superada por la gravedad de los acontecimientos, y aunque ya antes del 11-S, los Estados había dejado constancia de su voluntad política en colaborar más estrechamente en seguridad interior y en especial en la lucha contra el terrorismo, los atentados fueron el factor fundamental que permitió avanzar en el ámbito de un política de seguridad interior y anti-terrorista de la UE.
El 21 de septiembre de 2001, un Consejo Europeo extraordinario reunido en respuesta a los trágicos hechos del 11 de septiembre, aprobó un Plan de Acción en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, como suele suceder en el ámbito comunitario, por muchas declaraciones y documentos programáticos que se aprueben, la implementación de estas medidas propuestas, dependen de la voluntad de los Estados miembros. Debe tenerse en cuenta, que incluso bajo el Tratado de Lisboa, se incluyó una nueva frase en el Art. 4.2 “(…). En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”, el que se debe vincular al art. 72 del Título V del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: “El presente Título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumban a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior”. Por ello, y sin dejar de lado que diversos elementos vinculados a la seguridad interior sí se gestionan bajo el ámbito comunitario (visados, fronteras exteriores, etc.), las competencias por ejemplo, en materia de lucha contra el terrorismo siguen siendo de índole nacional. No obstante, durante los últimos años la UE ha impulsado importantes iniciativas y se ha dotado de algunos instrumentos de gran relevancia en la lucha contra el terrorismo global y otras amenazas transnacionales, destacan entre ellos: la euro-orden, Eurojust, Europol, los equipos de investigación conjuntos, la lista de personas y grupos implicados en actos de terrorismo, la definición común de terrorismo, etc.
El 14M y el 7J
Los atentados de Madrid y Londres pusieron de relieve de la forma más cruda los retos que planteaban el terrorismo global y la escasa efectividad de las medidas aprobadas hasta entonces por la UE. Tres días antes de los atentados, Javier Solana, secretario general del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), había finalizado un informe interno en el que se identificaban los principales déficit de la acción anti-terrorista de la UE: algunos Estados miembros no estaban implementando las medidas ya aprobadas, sobre todo la “Euro-orden”; la UE carecía de los recursos materiales necesarios; y la cooperación interna entre las distintas instituciones comunitarias dejaba mucho que desear.
Como respuesta se pusieron en marcha nuevas medidas, y también se decidió invocar anticipadamente la cláusula de solidaridad ya prevista en el artículo 42 del entonces proyecto de Tratado Constitucional, que contemplaba la posibilidad de que un Estado que fuese objeto de un atentado terrorista pudiese ser socorrido por los demás Estados miembros, que movilizarían al efecto “todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares”. Se nombra un coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE (sin presupuesto y poderes propios, salvo el de la persuasión) bajo las órdenes del entonces SG/AR Javier Solana. Pocos meses después, en noviembre de 2004, se adoptó el Programa de La Haya, un ambicioso plan de cooperación en el ámbito del ELSJ, que se continúa con el Programa de Estocolmo aprobado a finales de 2009. Sin embargo, estos pasos siguen sin satisfacer a algunos socios europeos que pretendían avanzar más rápidamente en algunos ámbitos de Justicia e Interior, siete Estados miembros decidieron cooperar entre ellos pero por fuera de las instituciones europeas. España, Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria firmaron el Convenio de Prüm (o Schengen III), relativo a la profundización de la cooperación transnacional, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal.
Tras los atentados de Londres, en los que murieron 56 personas, la presidencia británica impulsó la adopción de una Estrategia Europea de lucha contra el terrorismo (muy inspirada en su homologa británica), que vio la luz en diciembre de 2005. Dicha estrategia, plantea como objetivo genérico “luchar contra el terrorismo de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia”, representó un importante esfuerzo conceptual y político por parte de la UE a la hora de hacer frente al terrorismo global.
La dimensión exterior
Es importante destacar que los atentados del 2001 suscitaron un importante debate sobre la naturaleza de las amenazas (externas e internas) que se cernían sobre la UE, que generó a su vez grandes tensiones en el seno de algunas sociedades europeas y reveló la existencia de graves fisuras entre los gobiernos de ciertos Estados miembros. Este debate se entremezcló rápidamente con el que se inició sobre la legitimidad de la intervención militar liderada por Estados Unidos en Irak en 2003. La UE quiso dar respuesta a esta situación mediante la aprobación de una Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada “Una Europa segura en un mundo mejor”, y aprobada en diciembre de 2003. Sin embargo, y a pesar de la importancia de la adopción de este documento, desde el primer momento se criticó la escasa vinculación entre dimensión interior y exterior de las amenazas a las que Europa debía enfrentarse. El insuficiente desarrollo de una vertiente más externa y ofensiva para reaccionar al fenómeno terrorista debe situarse en un debate de mucho más calado relacionado a la naturaleza del poder de la UE y su (in)capacidad para definir sus intereses y actuar en consecuencia en la escena internacional. El proyecto europeo, siempre ha sido reticente a desarrollar la dimensión exterior y de seguridad, se encuentra ante un contexto internacional y estratégico en el que difícilmente pueda mantener su nivel actual de relevancia mundial si no articula una política exterior coherente y consistente de carácter europeo frente a desafíos globales, entre ellos, el terrorismo. Por ello, es necesaria una definición previa de un modelo o un concepto de seguridad europeo, en el que pueda insertarse adecuadamente la seguridad interior. Hasta ese momento, seguirá siendo meramente retórico proclamar “la interdependencia entre seguridad interior y exterior en la construcción de un enfoque “de seguridad global”, tal y como se plantea en la Estrategia de Seguridad Interior, por lo que se seguirán poniendo parches que pretenden superar vía fáctica la falta de visión estratégica y voluntad política. En este contexto se enmarcan iniciativas tales como mejorar la coordinación entre la dimensión exterior e interior a través de una correcta comunicación entre el COSI y el Comité Político y de Seguridad (propuesta de la Comisión), mejorar los métodos de trabajo entre la AR para Asuntos exteriores y la Comisaria de Interior, que personal de interior se destine a ciertas delegaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior, o que se revise las funciones del Coordinador de la lucha contra el terrorismo para trabajar más enfocado a la coherencia Interna-externa.
Una nueva etapa en la Seguridad Interior Europea
El año 2009 fu un año de gran relevancia para el ámbito de la seguridad interior, ya que se logró finalmente y tras varios traspiés, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que refuerza significativamente las herramientas para el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. También ha tenido un importante impacto, la aprobación del tercer programa plurianual, continuación del Programa de la Haya, el Programa de Estocolmo para el periodo 2010-2014. Concretamente, en el epígrafe “Una Europa que protege”, el Consejo Europeo refuerza el principio de la coordinación europea es fundamental para la protección contra las amenazas transnacionales, entre ellas el terrorismo, por ello, insta a que se defina una Estrategia de Seguridad Interior, como una forma de delimitar un espacio propio y fundamental para el bienestar de los europeos y dar forma u una serie de instrumentos, iniciativas, etc., que se han ido acumulando a lo largo de los años en materia de justicia e interior. Esta es la base para la posterior elaboración y aprobación de la Estrategia de Seguridad Interior y posteriormente del Plan de Acción de la Comisión, ambos documentos, que sin ser revolucionarios ayudan a dotar de coherencia y racionalidad a un ámbito ciertamente complejo a la par que fundamental para asegurar el bienestar europeo.
Concretamente, con el Tratado de Lisboa el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que pasa a ser una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados, tal y como se menciona en el art 4.2.j) del TFUE. Esto implica que la Unión adquiere competencia suficiente para intensificar la acción en ámbitos ya comunitarizados y para regular a través de instrumentos jurídicos ordinarios y bajo el procedimiento legislativo ordinario la cooperación policial y judicial, esenciales para la cooperación en materia de seguridad interior. Sin embargo, se mantienen algunas excepciones en el que se exige la unanimidad del Consejo y el papel del Parlamento Europeo es meramente consultivo, como el de la cooperación policial operativa, especialmente sensible en el ámbito de la seguridad interior.
El Tratado de Lisboa, crea por vez primera un órgano que le asigna específicamente funciones en el ámbito de la seguridad interior, que posteriormente se denominó Comité Permanente de Seguridad Interior (COSI) en el seno del Consejo, con el propósito de “garantizar dentro de la Unión el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad interior”. (Art. 71 del TFUE). A pesar de que ya se ha creado este Comité, aún se mantienen las dudas sobre las consecuencias y las implicaciones prácticas que esta nueva institución tendrá y que responsabilidades asumirá realmente en la implementación de la Estrategia de Seguridad interior.
Es la Estrategia de Seguridad Interior, la que pretende dotar de coherencia a todos los instrumentos vinculados a esta materia, y más recientemente el Comunicado de la Comisión sobre el plan de Acción de la Estrategia de Seguridad Interior de noviembre de 2010.
Ciertamente, y a pesar de las restricciones de este documento en especial la Estrategia, ya que responde a un esfuerzo de consenso en un ámbito de cooperación intergubernamental y que difícilmente cumple los requisitos mínimos para ser considerados como una verdadera estrategia, ambos son documentos muy relevantes, que ayudan a conceptualizar la seguridad interior y cuales son las amenazas y riesgos a los que se enfrenta hoy por hoy Europa. Se pretende consolidar una aproximación europea basada en principios y valores, delinear unas líneas estratégicas de acción, complementadas con una serie de objetivos más prácticos y concretos plasmados en el Plan de Acción de la Comisión y en otros documentos e iniciativas relacionadas.
La opción elegida sigue siendo de cooperación, coordinación europea y no la integración, aunque el documento de la Comisión ponga en relieve iniciativas en las que las competencias son ciertamente europeas, sin dejar de lado, aquellas propiamente de cooperación intergubernamental, y aquellos ámbitos como la prevención de la radicalización en los que se reconoce que las acciones a nivel europeas son de carácter subisidiario, por ser mejor desarrolladas a nivel nacional.
Asimismo, en el documento de la Comisión, (y en menor medida en la Estrategia) se recoge un nuevo énfasis en la necesidad de asumir que no estamos exentos de nuevos y terribles desastres ya sean de origen natural o humano. En Europa, a diferencia de Estados Unidos, (probablemente por su experiencia más cercana con el terrorismo de índole más nacional) siempre ha habido más naturalidad en la aceptación de lograr un equilibrio adecuado en materia de prevención de atentados terroristas y otros desastres y la preparación y resiliencia ante las consecuencias de los mismos. Se reconoce que los riesgos de origen transnacional y las crisis serán cada vez más habituales, y que nuevas amenazas como las cybernéticas, las pandemias o las consecuencias del cambio climático pueden poner en riesgo el normal funcionamiento de nuestras sociedades por lo que es necesario realizar un esfuerzo conjunto e integral de todos los niveles de responsabilidad.
Conclusión
A modo de conclusión, se puede decir que en estos diez años, se ha avanzado notablemente en la gestión de los riesgos y amenazas a la seguridad interior en todos los niveles de responsabilidad, ya sea internacional, europeo o nacional. Los atentados de septiembre de 2001 y posteriormente de Madrid y Londres, han sido un punto de inflexión y han permitido superar reticencias y obstáculos, y han propiciado un mayor protagonismo de la UE en esta materia, centrado fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo, pero poco ha poco ha ido evolucionando para gestionar no solo esta sino también contra todo tipo de amenazas de índole transnacional.
Sin embargo, y a pesar de que se reconoce que el nuevo contexto de seguridad hace indispensable una mayor coordinación y coherencia entre todos los agentes involucrados, sigue existiendo la tendencia de los Estados miembros de evitar perder el control de sus políticas y recursos, en instrumentos y agencias de índole europea (e internacional).
Las iniciativas europeas en esta materia son fundamentalmente de carácter complementario y subsidiario a la de los Estados ya que la seguridad nacional sigue siendo su responsabilidad. No obstante, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se inicia una nueva etapa, con mayores responsabilidades comunitarias, y en la que se ha puesto en marcha cambios intra e inter institucionales de envergadura cuyo impacto aún es difícil de analizar.
Sin embargo, este ámbito no está exento de la carencia cada vez más preocupante de pensamiento estratégico de la Unión Europea. La incapacidad para definir el papel de Europa en el mundo, y articular una política exterior y de seguridad, repercute muy desfavorablemente en el resto de políticas europeas, y muy especialmente en los intentos por plantear una verdadera política de seguridad interior ya que son indisociable una de la otra. Al ser previsible que esto no cambie en el corto y mediano plazo, es fundamental seguir avanzando en mecanismos que aunque parciales inciden positivamente en la coordinación y coherencia en esta materia, por ello se debería poder aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto con las innovaciones institucionales de la AR y el SEAE.
En este decenio, las amenazas y riesgos a la seguridad han cambiado y evolucionado, igualmente ha cambiado tanto su percepción, como los recursos disponibles para enfrentarse a ellos. La crisis económica está afectando profundamente las políticas públicas a ambos lados del Atlántico. La lucha anti-terrorista sigue siendo un eje fundamental en la seguridad nacional, pero se está produciendo importantes cambios en su gestión, ya que se estaría asumiendo progresivamente, que no es posible evitar todas las amenazas ni contenerlas. Es necesario aprender a vivir en la sociedad del riesgo, y estar preparados para hacer frente y superar exitosamente los acontecimientos catastróficos que pueden producirse, sean del origen que sean. Se trata de salvaguardar nuestra sociedad y nuestra forma de vida y para ello es fundamental la mejora de las políticas de prevención pero también de preparación y recuperación ante estos acontecimientos. Nuestras sociedades y todos los componentes que permiten nuestro modo de vida deben mejorar su resiliencia. Por ello, es que las cyberamenazas han irrumpido tan brutalmente en las agendas, ya que un colapso de nuestras infraestructuras tecnológicas afectaría muy negativamente a nuestra sociedad de la información.
Para Europa esto ha sido una evolución muy progresiva ( y hasta cierto punto lenta), ya que su aproximación al fenómeno del terrorismo global de policia y judicial se ha ido transformando en una perspectiva más integral y flexible de la seguridad interior.. Por ello, se están multiplicando las iniciativas en todos los ámbitos de gestión de crisis y catástrofes frente a todo tipo de amenazas, ya sean de origen natural o humano. Una vez asumido esto es fundamental que se avance en la división de trabajo, se clarifiquen objetivos, recursos y competencias, una tarea ciertamente compleja para los Estados y más aún para la UE, pero sin embargo inaplazable, ya que el terrorismo global y otras amenazas de índole transnacional no pueden ni deben minusvalorarse a diez años del 11 de Septiembre.
Alicia Sorroza: Investigadora, Real Instituto Elcano.