«El sistema judicial libio es capaz de juzgar a gente de la talla de Saif», ha declarado a Reuters el ministro de Justicia interino, Mohamed al Alagi. «Lo importante es asegurar un juicio justo. Nos hemos estado preparando para esto durante meses», ha añadido Al Alagi, que no pretende seguir en el nuevo Ejecutivo que resultará esta semana.
EL TPI tiene competencias para intervenir en aquellas naciones con indisponibilidad o incapacidad para emprender procesamientos judiciales, precisamente, uno de los aspectos que más se ponen en duda en Libia.
Diversos observadores han argüido que tras varias décadas de férreo gobierno de Gadafi, el sistema judicial libio no puede manejar casos tan complejos y sensibles como este, más si cabe en un contexto como el actual.
«No hay un sistema judicial viable. Cualquier sistema que existió fue deliberadamente erradicado durante cuatro décadas», ha recriminado el experto en Derecho Internacional de la ONG Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker.
Una tercera vía
El TPI exige juzgar a Al Islam y a Senussi por ordenar el asesinato de manifestantes desarmados durante los primeros compases de los levantamientos. El fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo, aterrizará de forma inminente en el país para abordar este desacuerdo, mientras las autoridades libias insisten en que sus tribunales ya están trabajando en el caso.
El principal argumento esgrimido por el TPI es que, conforme a la resolución aprobada en febrero por el Consejo de Seguridad de la ONU, Libia tiene la opción de entregar a Al Islam al TPI, o bien pedir el permiso requerido a dicha instancia para juzgarlo en Libia.
Al respecto, el portavoz del TPI, Fadi el Abdalá, ha agregado una tercera opción a las habidas, aduciendo que el TPI podría celebrar los juicios en Libia, en lugar de en La Haya, si bien esta hipótesis aún no ha sido precisada. «Es plausible para los jueces del TPI organizar un juicio en el país si así lo estiman apropiado», ha apostillado.