Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado formalmente este viernes el nuevo mandato de la misión de lucha contra la piratería Atalanta en aguas del océano Índico y del golfo de Adén para poder atacar por aire y mar las bases logísticas de los piratas a lo largo de la costa somalí, sus esquifes y depósitos de combustibles después de que el Gobierno somalí les haya autorizado a entrar en sus aguas territoriales e internas y a utilizar su espacio aéreo para ello. También han prorrogado la misión dos años más, hasta finales de 2014.
Los ministros de Defensa de la UE dieron luz verde este jueves a las nuevas operaciones de ataque, si bien no pudieron aprobar formalmente el nuevo mandato de la misión por la reserva jurídica de Alemania, que reclamó «garantías» de que los nuevos ataques no provocarán «daños colaterales».
El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, explicó por su parte que todos los Estados miembros reclamaron y respaldaron las mismas garantías y por ello aclaró que no se atacará a los piratas directamente ni habrá desembarco de soldados en territorio somalí. Fuentes diplomáticas europeas han reconocido además que Berlín está especialmente satisfecha por el acuerdo de los Veintisiete para limitar las operaciones de ataque a tierra a un máximo de dos kilómetros costa adentro.
En todo caso, el plan operativo de la misión para detallar las normas de enfrentamiento para las nuevas operaciones de ataque aún no se ha aprobado, pero se espera que lo hagan la próxima semana los embajadores de los Veintisiete ante el Comité Político y de Seguridad de la UE, previsiblemente el viernes, según han avanzado fuentes diplomáticas europeas.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, ha celebrado que la Unión Europea vaya a poder atacar las instalaciones en tierra de los piratas porque la situación anterior, «en la que atacaban y se hacían una foto desde tierra», era «bastante inadmisible» y ha subrayado que estas nuevas acciones se cumplirán «con enorme cuidado» para que en ningún caso «se traduzcan en víctimas civiles».