El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado con una amplia mayoría el acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) por sus dudas respecto a la efectividad del Tratado y al respeto de los derechos de los usuarios de internet.
El voto se produce después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias hayan recomendado rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea haya recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de internautas y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.
Con este veto, el acuerdo ACTA no podrá aplicarse en la Unión Europea y se mantendrán las normas exigentes en materia de lucha contra la falsificación y la piratería. Si Bruselas quiere seguir adelante para reforzar las reglas tendrá que buscar nuevos instrumentos o renegociar el acuerdo con sus socios internacionales teniendo en cuenta las exigencias de la Eurocámara.
El acuerdo ACTA ha sido rechazado por 478 eurodiputados y ha sumado el voto a favor de 39 eurodiputados y 165 abstenciones. En el debate previo al voto, todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE) se pronunciaron en contra del texto por distintas razones.
Populares europeos y el comisario de Comercio, Karel de Gucht, defendieron la necesidad de un acuerdo internacional para proteger la propiedad intelectual y combatir la piratería y pidieron a la Eurocámara aplazar el voto hasta conocer el fallo del TUE, algo que no han conseguido.
Competencias nacionales y comunitarias
De Gucht dejó claro en el debate que, al margen del sentido del voto del pleno, seguirá adelante con el caso ante el tribunal de justicia europeo para «responder a las preocupaciones» de los europeos y aclarar «si es compatible con los Tratados, en especial con la Carta europea de Derechos Fundamentales».
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE como bloque, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.