El Gobierno de EEUU empezó hoy a procesar las solicitudes para suspender la deportación de al menos un millón de estudiantes indocumentados, al aplicar una directriz del presidente Barack Obama que, en pleno año electoral, ha sido criticada por la oposición republicana.
Los trámites, que incluyen una tarifa de 465 dólares por cada solicitud, permitirán que los estudiantes indocumentados obtengan un permiso de trabajo temporal y licencias de conducir sin temor a ser deportados.
Los estudiantes, llamados «dreamers» porque obtendrían la residencia permanente mediante la legislación «Dream Act» -si el Congreso de EEUU finalmente la aprueba-, podrán acudir desde hoy a centros comunitarios en todo el país para obtener ayuda gratuita con sus trámites.
El consenso de los activistas a favor de la reforma es que esta mejora migratoria renovable de dos años es tan sólo una solución temporal y que el Congreso debe negociar y aprobar cuanto antes una solución permanente al problema de la inmigración ilegal.
El pasado 15 de junio, Obama emitió una directriz para la llamada «acción diferida» que permitirá evitar a jóvenes ser deportados, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos y se sometan al escrutinio de las autoridades de Inmigración.
La mayoría de los líderes republicanos y grupos conservadores afines han insistido en que la medida anunciada por Obama tiene objetivos electorales, y han recordado que el mandatario no cumplió con su promesa electoral de 2008 de reformar el sistema migratorio.
Los solicitantes deberán demostrar mediante documentación que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, que entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, que llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.
Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos.
La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha dicho que revisará cada solicitud «caso por caso» y ha advertido de que notificará los casos de fraude a las autoridades para su posible procesamiento judicial y expulsión del país.
Aunque el Gobierno desconoce la cifra exacta de cuántos y quiénes se pueden favorecer de la medida, el Centro para Política Migratoria (IPC) calcula que 1,39 millones de estudiantes indocumentados podrán beneficiarse, mientras que el Instituto de Política Migratoria (MIP) elevó la cifra hasta 1,76 millones.