El Gobierno de Correa busca el apoyo de los países latinoamericanos sobre todo a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), que decide hoy si convoca, a petición de Ecuador, una reunión de cancilleres de toda América sobre la crisis diplomática de ese país con el Reino Unido por el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Asimsimo, los cancilleres de la Alianza Bolivariana y de la Unión de Naciones Sudamericanas se reunirán casi con seguridad en Guayaquil (Ecuador) este fin de semana para tratar sobre el caso Assange.
En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió reunirse de nuevo este viernes a las 15:00 hora local (20:00 hora española) para decidir sobre una propuesta de resolución la representante permanente de Ecuador ante el organismo, María Isabel Salvador.
La solicitud llama a celebrar una reunión de consulta de los cancilleres de los 35 Estados miembros el próximo jueves 23 de agosto a las 10:00 (15:00 hora española) en Washington, para mediar en la crisis originada por la decisión de Ecuador de otorgar asilo político a Assange, refugiado en la embajada de ese país en Londres.
En esa cita, los funcionarios del continente deberán «considerar las amenazas vertidas por el Reino Unido en contra del Estado ecuatoriano y sus locales diplomáticos en dicho país», y acordar «las medidas que convenga adoptar», según el texto de la propuesta.
Una amplia mayoría de representantes de los Estados se mostraron a favor de convocar la reunión solicitada -entre ellos México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay Paraguay, Costa Rica y Nicaragua-, mientras que otros, como Jamaica, pidieron tiempo para consultarlo con las capitales.
EEUU y Canadá están en contra
Sólo Estados Unidos y Canadá se opusieron a la propuesta, al considerar que la disputa por el destino de Assange es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido. «Consideramos que la OEA no tiene un papel que desempeñar en este asunto y que una reunión de cancilleres no tendría un propósito útil», dijo en la sesión el segundo representante estadounidense ante el organismo, William J. McGlynn.
Por su parte, la representante alterna de Canadá, Wendy Drukiel, argumentó que la situación incumbe «a un estado miembro y uno no miembro» de la OEA, por lo que esa institución «no sería el lugar idóneo para afrontarla».
Según la carta de la OEA, la convocatoria de una reunión de consulta de los cancilleres requiere una mayoría absoluta de votos, por lo que parece probable que la resolución quede aprobada si los representantes mantienen las posiciones expresadas.
La representante ecuatoriana, que solicitó la reunión de urgencia, centró su exposición en la «amenaza» del Gobierno británico de recurrir a una ley de 1987 que le permitiría entrar en la embajada de Ecuador en Londres pese a la oposición de Quito.
«Las amenazas que por escrito entregó el Gobierno británico a mi país son inadmisibles tanto desde el punto de vista político como jurídico, ya que las mismas constituyen un acto hostil e inamistoso por parte de un Estado con el cual el Ecuador mantiene tradicionales relaciones de amistad y cooperación», señaló Salvador.
La mayoría de los representantes coincidieron con ella en la necesidad de defender la «inviolabilidad de los locales diplomáticos», y aunque pocos entraron a defender abiertamente la decisión de Quito de solicitar un salvoconducto para Assange, sí pidieron que Reino Unido respete la concesión de asilo político.
El representante permanente de Argentina, Martín Gómez Bustillo, sacó a relucir la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, reclamada tanto por su país como por el Reino Unido, para expresar que Londres «desoye frecuentemente las resoluciones internacionales que no son de su agrado».
El ministro británico de Exteriores, William Hague, ha señalado que su país no reconoce el concepto de «asilo diplomático» otorgado por Ecuador en el caso de Assange, una respuesta que fue criticada ampliamente por los representantes de Venezuela y Nicaragua.
Por su parte, el observador permanente de Reino Unido ante la OEA, Philip Barton, subrayó que su país «no considera que se produjera una amenaza» a la legación de Ecuador y tiene «la voluntad de llegar a una solución mutua y diplomática» sobre el caso.
Mientras, Jonas Hafstrom, observador de Suecia ante la OEA, consideró «inaceptable» el anuncio de Ecuador respecto a Assange y rechazó «categóricamente las acusaciones contra el sistema legal de Suecia por parte de Ecuador».
La fiscalía sueca reclama a Assange para interrogarlo pero no ha impuesto cargos al activista australiano, quien asegura ser objeto de una persecución en distintos países que podría acabar con su condena a muerte en Estados Unidos.