La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha propuesto celebrar un referéndum para aprobar una asamblea constituyentes que se encargaría, «exclusivamente», de emprender una profunda reforma política. La mandataria anunció la propuesta de organizar un plebiscito en el marco de un gran pacto nacional relación con el sistema político, la salud, la educación y el transporte, que están en el centro de las reclamaciones expresadas por las multitudes que han ocupado las calles del país en las últimas dos semanas.
Rousseff anunció esta iniciativa en una reunión con los 27 gobernadores y los alcaldes de las capitales provinciales del país en el Palacio do Planalto, la sede presidencial, convocada para responder a las demandas de los ciudadanos. Con esta consulta se pretende, ha explicado, «autorizar un proceso constituyente específico para la reforma política». La última asamblea constituyente de Brasil está fechada en 1986, justo después de la dictadura.
«Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedarse parado donde está. Debemos también dar prioridad al combate contra la corrupción de manera aun más contundente», agregó Rousseff, quien intenta dar respuestas concretas a la ola de protestas que estalló hace cerca de dos semanas en Sao Paulo y que ya alcanza a todo el país.
Por tanto, Rousseff propuso cinco grandes pactos. Uno, referido a la necesidad de mantener la «responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación», a lo que atribuyó una «dimensión especialmente importante en el momento actual, en que la prologada crisis castiga a todas las naciones». El segundo pacto lo centró en la «construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía«, una propuesta que, admitió, en las últimas décadas «entró y salió más de una vez de la agenda política nacional».
En ese marco, aseguró que debe ser dada una prioridad especial al combate a la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos cometidos por la malversación de dinero público. El tercer «pacto» se refiere a la salud, un área en la que pidió «acelerar las inversiones» previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las ciudades y regiones «que más precisan mejorar la atención». Rousseff admitió que enfrentará «un debate democrático» con esa propuesta, en alusión a la resistencia de los colegios profesionales del país a esa iniciativa.
Respecto al transporte público, que fue el detonante de las protestas debido a un alza en el precio del billete en Sao Paulo, también reconoció que pese a fuertes inversiones hechas en últimos años aún carece de la calidad que exige la ciudadanía. Por eso, en el cuarto punto del «gran pacto nacional», propuso «avanzar más rápido» en la construcción de metros, trenes y otros medios de transporte público e invitó a alcaldes y gobernadores a estudiar nuevas desgravaciones de impuestos, similares a las que ya ha establecido el Gobierno federal en esa área. También anunció su disposición a eliminar los tributos federales al diésel utilizado por autobuses y a la electricidad que consumen trenes y metros. El quinto punto del «pacto» lo centró en la educación, un área en la que reiteró que su Gobierno pretende mejorar los presupuestos mediante una propuesta que tramita el Parlamento.