El Parlamento Europeo ha defendido este miércoles, ante la polémica generada en España, que la fórmula escogida para formalizar el antiguo sistema de pensiones complementario para eurodiputados, a través de una Sicav en Luxemburgo, es «absolutamente legal» y que todas las prestaciones obtenidas deben declararse y están sujetas a tributación nacional.
«La fórmula escogida para este sistema complementario -una Sicav- fue decidida por la entidad gestora del mismo, en el momento de su fundación el 3 de marzo de 1994. Dicha fórmula es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones. La sociedad se crea en Luxemburgo por estar en este país la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, desde donde se gestionan los fondos financieros de la institución», ha explicado la Eurocámara en un comunicado.
La creación de este sistema de pensiones complementario fue decidida en 1990 por un grupo de eurodiputados. Ante la falta de un régimen común, el 2 de junio de 1990, la mesa del Parlamento Europeo aceptó colaborar con dicho fondo complementario de pensiones, según relata la Eurocámara. En aquella época, los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado Miembro y sus normas nacionales.
Este fondo voluntario funcionó hasta 2009, cuando tras la entrada en vigor del nuevo estatuto del eurodiputado, los salarios y prestaciones sociales -incluidas las pensiones- pasan a depender de las instituciones europeas. Es entonces cuando el Parlamento Europeo decidió terminar con las aportaciones al fondo, al entender que las pensiones quedan garantizadas de manera homogénea para todos los miembros.
Desde ese instante, cesaron las aportaciones al fondo así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo. «Como es lógico, todas las prestaciones obtenidas a través del sistema complementario de pensiones deben declararse y están sujetas a tributación nacional», concluye el comunicado.