Naciones Unidas ha solicitado una regulación más firme a nivel mundial en torno a las operaciones de las empresas de seguridad privadas, al tiempo que ha recalcado que la condena contra cuatro antiguos empleados de Blackwater por su papel en la muerte de 14 iraquíes desarmados en 2007 en Bagdad refleja la necesidad de que los trabajadores de estas compañías sean juzgados por sus violaciones del Derecho Humanitario.
El veredicto llegó más de siete años después de un suceso que disparó el sentimiento antiestadounidense en Irak y que puso en cuestión la amplia red de empresas privadas que suministraban servicios de seguridad a representantes extranjeros. Cuando se produjo el tiroteo, los guardias de Blackwater trataban de despejar el paso a un convoy del Departamento de Estado.
«Aplaudimos el hecho de que estos juicios fueran llevados a cabo, poniendo fin a un ciclo de impunidad que ha prevalecido desde 2007 y que agravó el sufrimiento de las víctimas y sus familias», ha dicho la experta de la ONU Patricia Arias, que encabeza el grupo de investigación sobre el uso de mercenarios.
«Sin embargo, estos ejemplos son una excepción y no una norma. La dificultad de este caso muestra la necesidad de un tratado internacional para hacer frente al creciente papel de las compañías militares privadas en los conflictos transnacionales», ha valorado.
Así, Arias ha sostenido que «la subcontratación de la seguridad a estas compañías por parte de los estados genera riesgos para los Derechos Humanos, motivo por el que es necesario regular sus actividades».
«No puede haber justicia sin una rendición de cuentas efectiva y un mecanismo de compensación a las víctimas. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas y sus familias tienen un acceso igualitario, adecuado y efectivo a la justicia», ha remachado Arias.
El grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios está integrado por Arias, chilena; Anton Katz, sudafricano; Gabor Rona, húngaro-estadounidense; Elzbieta Karska, polaca; y Said Mokbil, yemení.
Civiles desarmados tiroteados en Bagdad
Un jurado federal de Estados Unidos declaró el pasado día 22 culpables a cuatro antiguos empleados de la firma de seguridad privada Blackwater por su papel en la muerte de 14 iraquíes desarmados que murieron tiroteados en 2007 en Bagdad.
Los miembros del jurado han considerado a tres de los acusados –Paul Slough, Dustin Heard y Evan Liberty– culpables de homicidio y once tentativas de homicidio, por los heridos durante el tiroteo. Por su parte, el cuarto guardia –Nicholas Slatten– podría ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de la primera de las víctimas..
El veredicto llega más de siete años después de un suceso que disparó el antiamericanismo en Irak y que puso en cuestión la amplia red de empresas privadas que suministraban servicios de seguridad a representantes extranjeros. Cuando se produjo el tiroteo, los guardias de Blackwater trataban de despejar el paso a un convoy del Departamento de Estado norteamericano.
Durante los más de dos meses que ha durado el juicio, el Gobierno ha tratado de hacer ver que los guardias de Blackwater –empresa ahora desaparecida-, actuaron de forma imprudente. La defensa, por su parte, ha alegado que los guardias trabajaban en zona de guerra y recurrieron a las armas en respuesta a disparos y a lo que parecía un coche bomba.
El fiscal, Anthony Asuncion, declaró que cuando los guardias actuaron el 16 de septiembre de 2007 en la plaza Nisur, «no había insurgentes ni AK-47, sólo personas intentando escapar de estos hombres».
La empresa se defiende
La compañía norteamericana Academi, heredera de Blackwater, emitió un comunicado con motivo de la sentencia en el que afirma que «el sector de la seguridad ha evolucionado radicalmente desde aquellos sucesos» de 2007.
«Academi ha avanzado con firmeza en el cumplimiento de la ley y programas éticos, formación de la plantilla y medidas preventivas para cumplir estrictamente con las leyes de los Estados Unidos y el gobierno local» donde actúan.
La empresa añade que «Academi continúa proporcionando una formación muy especializada y servicios de seguridad en las regiones de alta amenaza de todo el mundo con un compromiso inflexible con el cumplimiento normativo y la ética».