La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha mostrado este jueves convencida de que la muerte del fiscal Alberto Nisman «no fue suicidio» y ha considerado que el responsable de la investigación del atentado contra la AMIA fue «usado en vida» para que acusara al Gobierno pero luego le necesitaban «muerto».
En una extensa carta publicada en su web este jueves por la mañana, Fernández ha considerado que la denuncia formulada por Nisman contra ella y otros miembros de su gobierno, acusándoles de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA, «nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el Gobierno».
«Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA», ha aseverado.
«Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible», añade la mandataria. La acusación formulada por el fiscal «no sólo se derrumba sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico».
«Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio», agrega. El fiscal fue encontrado muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza y un arma a su lado.
Interrogantes
En la misiva, Fernández explica que la lectura de la denuncia completa presentada por Nisman y publicada el martes por la Corte Suprema de Justicia de Argentina «no hizo más que confirmar mis peores sospechas y encontrar respuestas a muchos interrogantes» que había formulado tras conocer la muerte del fiscal.
Según la presidenta, «al informe de Nisman le 'plantaron' (…) Los presuntos agentes de inteligencia que Nisman identificaba como miembros de una 'SIDE paralela' en conexión 'directa' con la presidenta, Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, NUNCA habían pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, bajo ningún carácter».
«Es más, con fecha 12 de noviembre del 2014 la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al señor Bogado por la posible comisión del delito de 'tráfico de influencia', ya que presentaba ante funcionarios de Aduana como personal de inteligencia», añade.
La mandataria subraya que si el entonces director de general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Horacio Stiusso, «era el que le daba toda la información» a Nisman, como reconoció el propio fiscal en los medios, «es más que evidente que fue el propio Stiusso el que le dijo (¿o le escribió?) que Bogado e Yrimia eran agentes de inteligencia».
En este sentido, Fernández se hace eco de la opinión del juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, quien según ella ha dicho que Stiusso «en lugar de colaborar, terminó dirigiendo la investigación. Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla. Los hechos hablan por sí solos».
Relación con Irán
En este punto, la presidenta procede a desmontar los argumentos empleados para acusar a su Gobierno de haber firmado un memorándum de entendimiento con Irán para encubrir a los autores iraníes del atentado y recibir a cambio petróleo, subrayando que «el comercio con Irán decrece en vez de aumentar» y «el Gobierno nunca compró petróleo a Irán».
Igualmente pone en tela de juicio la investigación realizada contra «el supuesto agente iraní Jorge Alejandro Khalil» –al que el fiscal consideraba como el nexo de Irán en Argentina– y que solo se hayan escuchado algunas de sus llamadas telefónicas y no se hayan investigado en mayor profundidad sus vínculos comerciales y de otro tipo.
«En síntesis, la acusación de Nisman no sólo se derrumba, sino que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Y ahí está una de las claves. El fiscal Nisman no sabía que los agentes de inteligencia que él denunciaba como tales, no lo eran. Mucho menos que uno de ellos había sido denunciado por el propio Stiusso. Tampoco investigó, fuera de las escuchas que le suministraba Stiuso, al ciudadano Jorge Alejandro Khalil», resume Fernández.
Es en este punto cuando la presidenta formula su creencia de que había una «operación contra el Gobierno» de la que Nisman no parecía estar al tanto. «El estrépito de la denuncia (…), que aún sin pruebas ni sustento, plagada de información 'plantada', quedaba sepultada por la muerte del fiscal», subraya.
«Aparente suicidio»
«Eso sí, bajo la forma de aparente suicidio. Recurso que ya ha sido utilizado en muchos casos tristemente célebres», prosigue, incidiendo en que «al fiscal Nisman no lo hacen volver sólo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar».
Fernández hace alusión a dos mensajes de Whatsapp de Nisman a amigos antes de su regreso, en los que explica, que volvía para «cumplir una tarea 'para la que se había preparado pero no se la imaginaba tan pronto'». La presidenta se cuestiona por qué le hicieron regresar antes de tiempo.
«¿Por qué se iba a suicidar si no sabía que era falsa la información que estaba en el informe? Estas respuestas seguramente las podrán dar quienes lo convencieron de que tenía en sus manos 'la denuncia del siglo' proporcionándole datos falsos», subraya.
Tampoco ve factible que Nisman se suicidara al descubrir que la información era falsa, teniendo en cuenta que «ya había sido acusado por numerosos familiares de las víctimas del atentado en la AMIA o directamente lo habían recusado». «¿En qué hubiera cambiado su vida si el informe no tenía sustento?», agrega.
Igualmente, se cuestiona el hecho de que Nisman pidiera «prestada un arma para suicidarse» cuando tiene registradas dos armas a su nombre. «Resulta imposible no observar que en cualquier lugar del mundo, si alguien aparece muerto por un arma que está registrada a nombre de otra persona y esa misma persona resulta ser la última que estuvo con él en vida, le entregó el arma en el mismo lugar del hecho, su casa, y es un íntimo colaborador suyo especialista en informática que trabaja también en la causa AMIA desde el año 2007, resulta cuanto menos raro», apunta.
En este sentido, Fernández defiende que «es más que conveniente que se le otorgue mucha protección al señor Daniel Ángel Lagomarsino». También es necesario, añade, en que se investigue a los diez policías federales que componían la custodia de Nisman y por qué permitieron llegar hasta el cuerpo «a un médico privado de una obra social antes de dar cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses».
Tras recordar otros suicidios polémicos y sin resolver, Fernández incide en que «el caso del fiscal Nisman es diferente». «Todos los casos mencionados remiten a cuestiones de corrupción y dinero. El caso AMIA es otra cosa. Es el mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y cobró la vida de 85 argentinos».
«Las víctimas y sus familiares esperan justicia hace 21 años y es precisamente desde allí, desde el Poder Judicial, único encargado de investigar, acusar, juzgar y condenar a los responsables de tanta tragedia, desde donde se puede cumplir esa demanda permanente de verdad y justicia», concluye.