La ex mujer del fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, ha dicho que «de ningún modo» admite «la posibilidad de un suicidio» y ha explicado que ha solicitado una «veeduría internacional» porque, en el actual contexto político y social, «no están dadas las garantías para que sea una investigación totalmente imparcial».
«De ningún modo admito la posibilidad del suicidio, y mucho menos como se ha presentado, con un arma de por medio», ha dicho en una entrevista concedida a Radio Vorterix. «Por su personalidad y porque no tenía motivos», ha justificado.
Sin embargo, Arroyo se ha mostrado consciente de que su opinión «no es objetiva», por lo que ha pedido «que se despeje en el expediente si esto fue un suicidio o un homicidio». «La gente necesita creer en las instituciones y en la Justicia», ha indicado.
Interrogada sobre la investigación de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini, ha rehusado «emitir juicios de valor mediático», señalando la importancia de que «trabajen tranquilas y sin condiciones».
Así, ha explicado que ha solicitado una «veeduría internacional» porque «en esta coyuntura judicial, política y mediática, no están dadas las garantías para que sea una investigación totalmente imparcial y sin riesgos».
Polémicas declaraciones
Por otro lado, Arroyo se ha referido a la «marcha del silencio» celebrada el miércoles en Buenos Aires para exigir Justicia para Nisman, a la que asistió junto a sus dos hijas y a la madre del fiscal del caso AMIA.
La jueza ha rehusado pronunciarse sobre las declaraciones que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hizo sobre de esta convocatoria, en las que dijo que a los asistentes les dejaba «el silencio» y que el Gobierno se quedaba con «la alegría».
«No voy a polemizar sobre las palabras de la presidenta», ha sostenido, aunque ha remachado que sus hijas «son la alegría y la esperanza». «Están llenas de energía positiva y yo trato de transmitirles el saber de guardar silencio», ha añadido.
Caso Nisman
El fiscal Gerardo Pollicita ha imputado a Fernández de Kirchner basándose en la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.
De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.
Pollicita ha hecho suyos los cargos que Nisman barajaba apuntando a los delitos de encubrimiento, con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, «impedimento o estorbo del acto funcional», con entre 15 días y seis meses, e «incumplimiento de los deberes de funcionario público», con entre un mes y dos años.
El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.