El Gobierno de Brasil recortará otros 26.000 millones de reales (casi 6.800 millones de dólares) de gasto público, lo que supondrá frenar el reajuste de salario de los funcionarios, reducir el número de ministerios y los cargos de confianza y renegociar los contratos de mantenimiento y alquiler de inmuebles del Estado.
Además, se recuperará un antiguo impuesto sobre las transacciones financieras, según han anunciado este lunes el ministro de Economía y Hacienda, Joaquim Levy, y el ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa, que han asegurado que estas medidas quieren «mejorar la eficiencia del Gobierno» y de paso dar una señal de confianza a los mercados.
El anuncio se produce después de que la semana pasada la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajara la nota de la deuda brasileña al nivel de bono basura, y de que rebajara también el valor de las acciones de Petrobras y de 13 bancos brasileños, que pasaron a la categoría especulativa.
El Gobierno prevé adelgazar la maquinaria del Estado eliminando cargos de confianza y suprimiendo algunos ministerios, y aunque sin saberse cuáles serán las carteras afectadas a pesar de que hace semanas que el Ejecutivo lanzó la idea los ministros sí ha precisado que el ahorro en este ámbito será de 200 millones de reales (52 millones de dólares).
Pero por primera vez las medidas de austeridad empiezan a afectar seriamente a los programas sociales, la bandera de la gestión del Partido de los Trabajadores (PT). Los recortes afectarán, entre otros, al programa de vivienda pública 'Minha Casa Minha Vida', creado durante el primer mandato de Rousseff para satisfacer el grave déficit habitacional de Brasil.
También se recuperarán impuestos; en este sentido lo más destacado es la vuelta de la tasa sobre las transacciones financieras conocida como CMPF. La última vez que estuvo vigente fue en 2008 y consistía en el 0,38% del valor de la operación, aunque esta vez el Gobierno de Rousseff apuesta porque el porcentaje sea del 0,2%.
La idea es que esté vigente durante cuatro años, lo que ayudaría a recaudar 32.000 millones de reales (8.400 millones de dólares) que según el ministro Levy se usarían para cubrir el déficit que actualmente tiene el sistema de pensiones.
El Gobierno de Rousseff ha tenido posturas cambiantes respecto a este impuesto; primero anunció que lo recuperaría, después se echó atrás tras recibir un aluvión de críticas y ahora decide proponerlo de nuevo.
En cualquier caso la última palabra la tendrá el Congreso Nacional, que debe aprobar ésta y otras 14 propuestas del Gobierno, redactar nuevas leyes e incluso modificar algún punto de la Constitución, lo que no será tarea fácil teniendo en cuenta la inestabilidad política que atraviesa el país.
Tan solo una de las medidas que se han presentado este lunes la puede aprobar el Ejecutivo en solitario, la reducción de beneficios fiscales a las empresas exportadoras, que se espera que reporte a las arcas del Estado 2.000 millones de reales, poco más de 500 millones de dólares.
El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB), ya ha asegurado que no cree que llegue a aprobarse el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, mientras que el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), ha sido más optimista y ha dicho que las propuestas saldrán «mejoradas» del Congreso.
La inestabilidad política de Brasil, con las dificultades que el Gobierno en minoría de Rousseff tiene para gobernar, es uno de los factores que están agravando la crisis en Brasil; que probablemente terminará el año con una recesión del 2% del PIB, según vaticinan los analistas consultados semanalmente por el Banco Central de Brasil.