Los expertos Manuel Ventura Robles (ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Santiago Cantón e Irwin Cotler (ex ministro de Justicia de Canadá) designados por Luis Almagro (secretario general de la OEA) concluyeron el pasado martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos contra la humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La idea de investigar a Venezuela nace después de que Almagro presentara en julio de 2017 su tercer informe sobre el país, en el que alertaba de posibles crímenes de lesa humanidad. Así, Almagro eligió a Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012), para que iniciara una investigación. Ocampo abandonó esa investigación en octubre de 2017, por lo que Almagro decidió poner las pesquisas halladas hasta el momento en manos de estos expertos.
Según el Secretario General de la OEA, hay evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico de asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar a los venezolanos…”
Esas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y como tales deben llevarse ante la Corte Penal Internacional.
“Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad», afirmó Santiago Cantón.
El experto aseguró que el informe recoge denuncias de 8 mil homicidios, 12 mil personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años; 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
Además denunció un «plan sistemático» del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el «control social» y aseguró que el grupo de expertos ha detectado «una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad» que han sido recogidos en el informe.
Los crímenes de lesa humanidad están definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, como delitos específicos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento del ataque.
De los 34 Estados miembros de la OEA, 28 (incluido Venezuela) han ratificado dicho Estatuto.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.
Redacción