Según el informe que vió la luz el pasado 29 de mayo en relación a los crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela, se presentan de forma explícita todos los casos denunciados y demostrados hasta ahora, en que los Cuerpos de Seguridad del Estado se valieron de sus capacidades para anular, agredir y humillar a los ciudadanos.
En el informe se plasma el uso generalizado de la tortura contra los detenidos. Se habla de las diferentes formas en que se infligía, desde la tortura psicológica hasta brutales palizas que en muchas ocaciones provocaron daños graves y que por lo general no recibieron atención médica.
Habla de al menos 289 casos de tortura en que se aplicó grave sufrimiento físico y mental.
Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluidos menores.
Los testimonios recogidos sacan a la luz un patrón de ataques generalizados y reincidentes contra la oposición (todo aquel que exprese puntos de vista que discrepan de la ideología del Gobierno).
Afirma que se han recopilado numerosas pruebas que detallan los abusos perpetrados: crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desaparición forzosa de personas.
Encontramos testimonios de personas víctimas de tortura sexual, quemaduras, empleo de gas lacrimógeno, comida podrida o mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y cuentan que en algunos casos, mantenían a los detenidos sin comer ni beber.
Uno de los apartados que resulta mas inquietante es el dedicado a las torturas llevadas a cabo por funcionarios venezolanos. En este apartado el informe se extiende sin escatimar detalles; una de las secciones está dedicada principalmente a las agresiones sexuales, práctica usual del régimen de Nicolás Maduro contra manifestantes opositores.
En estos casos se incluyen: la desnudez forzada, amenazas de violación, manoseo inapropiado, actos lascivos; las descargas eléctricas (incluso en los genitales y los senos de las víctimas) y la violación de los detenidos de ambos sexos (que han tenido lugar en ámbitos públicos y privados).
Viendo la impunidad que ha acompañado a la violencia sexual en Venezuela, el Informe destaca que esta investigación de torturas y abusos perpetrados contra las víctimas debe considerar también la índole sexual de esos actos, reconociéndolos como un delito distinto. El Panel de Expertos supone que probablemente el número de violaciones y otras formas de violencia sexual han sido más elevados que los casos registrados, objetivando además un patrón específico de violencia sexual contra las mujeres que se encontraban bajo custodia del Estado.
Redacción