Esta misma semana, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados rechazó la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí con los votos de PSOE y PP, y la abstención de Ciudadanos y el PNV. El acuerdo no ha estado exento de polémica. De una parte, el Gobierno ha valorado los contratos con Riad por varios miles de millones de euros. De otro, la implicación de Arabia en la guerra de Yemen y la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul han puesto en entredicho el respeto de los derechos humanos de la monarquía saudita.
Fuentes de la Cámara de Comercio detallan que las presiones que ha sufrido el Ejecutivo para no suspender la venta de armas han sido “contundentes”. El mensaje era claro: no sólo estarían en juego los contratos militares que tiene España con Arabia Saudita, sino que la crisis pondría en peligro otros acuerdos comerciales, como señaló el embajador de Riad al Ejecutivo de Sánchez en una conversación informal que se produjo para abordar la cuestión.
Así, España firma cada año con la monarquía saudí operaciones por un valor superior a los 5.000 millones de euros. La relación comercial está aumentado, además, en los últimos años. Hasta agosto de 2018, las ventas se han incrementado a un ritmo del 6,9%, llegando a los 1.622 millones de euros, es decir, 104 millones más que en el mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, según la última estadística del Ministerio de Economía e Industria sobre la exportación de armas, relativa a 2017, España autorizó el año pasado productos por valor de 21.084 millones de euros. Arabia Saudí fue el destinatario de ventas por valor de 496 millones. Entre el material que se vendió en 2017, el Gobierno detalla que se incluyeron “un avión de transporte, repuestos, aviones no tripulados, granadas de mortero, plataformas porta mortero y munición de artillería”, entre otros. Si se tienen el cuenta los datos de los últimos lustros, el montante total asciende a 1.337 millones de euros.
El volumen de negocio es tal que la industria militar española está integrada por unas 250 empresas que dan trabajo a 22.000 personas. Cuatro grandes compañías se reparten casi toda la tarta: Navantia (constructora de buques militares); Airbus Military (fabricante de aeronaves); General Dynamics (antes Santa Bárbara, privatizada y ahora en manos de la multinacional estadounidense), e Indra, suministradora de alta tecnología y electrónica. El sector factura unos 10.700 millones de euros y dice exportar el 83% de sus productos y servicios.
Estas cifras se verán incrementadas debido principalmente al contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia que se firmó el pasado mes de julio tras la visita del príncipe heredero saudí a España en abril. Sólo este contrato supone 1.800 millones de euros. Este factor ha sido determinante a la hora de suavizar el embargo de armas a Arabia. Los trabajadores de la compañía se pusieron en huelga el pasado septiembre cuando el Gobierno anunció que dejaría de vender bombas a la monarquía saudita. Las presiones empresariales e institucionales obligaron a Sánchez a echar marcha atrás.
Ahora, con la lección ya aprendida, el Ejecutivo ha preferido no poner en riesgo un contrato que generará cada año durante un lustro cerca de 6.000 empleos, de los que más de 1.100 serán directos, más de 1.800 para la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores. Y menos todavía con las elecciones andaluzas, en las que la creación de empleo es un arma electoral fundamental en un bastión que el PSOE no puede permitirse perder.
La presidenta Susana Díaz no está dispuesta a ceder terreno, y fuentes internas del PSOE confirman los roces que ha sufrido con Margarita Robles por la defensa a ultranza de la primera de la venta de armas a Arabia Saudí frente a las presiones, internas y externas, que está recibiendo el Gobierno. En una entrevista en Onda Cero aseguró que defiende siempre los derechos humanos y que su “unidad de medir es Naciones Unidas, que de momento no ha vetado la venta de fragatas, corbetas, armas o camiones militares a ese país”. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado más partidaria de examinar los contratos porque «no se puede permanecer impasibles ante la violación de los derechos humanos”.
Bárbara Baron