Benín le acusa por su gestión del Fondo Nacional de Microfinanzas, que dirigió de 2008 a 2013 y que en el que, según una auditoría encargada por el gobierno de este país, se produjeron «negligencias financieras muy graves relacionadas con una gran cantidad de dinero, cerca de 22.000 millones de francos CFA (237 millones de euros)».
De esta manera, sus activos, sostiene Benín, se «socavaron y comprometieron tanto el desarrollo de la institución como los programas públicos de lucha contra la pobreza».
Sin embargo, en un auto notificado este martes al que ha tenido acceso Efe, la sección primera de la Audiencia considera que el relato de hechos de la justicia beninesa para pedir su entrega no «permite conocer en qué forma atribuyen a Komi Koutche estar implicado en la negligencia financiera que dicen se produjo».
«En este relato no se contienen elementos suficientes para considerar que al reclamado se le atribuye un desvío de fondos o llevar a cabo algún tipo de negociaciones prohibidas o cobro de comisiones ilegales. Nada de esto se indica», afirma la resolución.
Además, recuerdan los jueces que el órgano beninés que reclama a Koutché, el Tribunal para la Represión de Delitos Económicos y Terrorismo (CRIET), lo creó el gobierno de ese país en 2018 por decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo Superior del Poder Judicial, un órgano del que forman parte el presidente de Benín y algunos de sus ministros.
«Estos datos hacen temer que nos podamos encontrar ante un tribunal que no respeta el derecho al juez imparcial predeterminado en la ley, pues el CRIET se crea por una ley posterior a los hechos, y en el nombramiento de los magistrados existe al menos una cierta intromisión del Gobierno a través del Consejo Superior del Poder Judicial», dice la sala.
Y añade: «Ello reviste especial gravedad cuando, como en este caso, la persona reclamada es un activista político, porque contribuye a temer que nos podamos encontrar ante un procedimiento que busca perseguir a un adversario político».
Por todo ello, el tribunal de la Audiencia Nacional concluye que «existen motivos para temer» que «su persecución pudiera deberse a su posición política».
En la vista de extradición celebrada el pasado día 11, la Fiscalía española ya se opuso a su entrega por presuntos delitos de malversación y blanqueo alegando que al hacerlo se corría «el riesgo de vulnerar sus derechos».
En la vista, Koutché afirmó que en Benín «la justicia está totalmente instrumentalizada por el Gobierno».
Este líder opositor fue Ministro de Comunicación y luego de Finanzas y Desnacionalización durante el Gobierno de Thomas Boni Yayi (2006 a 2016).
Redacción