Parra fue fiscal octavo del estado venezolano de Lara especializado en materia penal entre 2000 y 2009, y de 2014 a 2018 fue abogado del Comité Ejecutivo de la Paz para el Estado de Lara (CEPAZ) con el objetivo de defender a detenidos en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
De 57 años y padre de tres niños menores de edad, la grave crisis humanitaria impedía que su esposa fuera operada de un tumor en la cabeza y que su hijo menor, ahora de 6 años, pudiera ser tratado de autismo por el exilio generalizado de los profesionales venezolanos.
Además, desde finales de 2017 fue objeto de presiones de la Guardia Nacional Boliviariana y de la Policía política del Estado por su labor en defensa de los derechos humanos con CEPAZ, lo que le empujó, en febrero de 2018 a través del paso fronterizo con Cúcuta (Colombia), a emprender camino a Alicante.
Una vez en la ciudad alicantina y ayudado por un hermano, que vive ahí desde hace dos décadas, la Cruz Roja le ha asistido para pedir el estatus de asilo y le ha facilitado un curso de ayudante de cocina de 90 horas teóricas en la Escuela La Font de El Campello, y 80 prácticas en el Top Bar del club náutico de La Albufereta, el cual está a punto de concluir y que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo.
En declaraciones a Efe con motivo del día internacional del refugiado, este antiguo fiscal ha explicado que «el principio en España fue duro por el choque emocional» ya que «jamás» se había imaginado un cambio tan radical de vida ni tener que empezar una vida desde prácticamente desde cero, «como si tuviera 16 ó 17 años y sin saber qué hacer».
Como muchos otros compatriotas que se vieron obligados a marcharse, Parra ha recordado que los primeros meses fueron de «auténtica angustia pensando qué va a pasar y de qué íbamos a vivir» ante la incertidumbre de buscar un nuevo oficio con el que sustentar a dos hijas, que tenían 17 y 7 años y al niño de 5.
«Desde el principio, he aceptado cualquier tipo de trabajo para ganar 10 ó 15 euros, aunque solo me llamaran semanalmente», como por ejemplo cuidar de ancianos o ayudar en mudanzas, aunque su verdadero objetivo es poder convalidar sus estudios en Derecho, para lo cual tiene que recabar el dinero necesario para matricularse en un curso en la Universidad de Alicante y en un máster posterior.
Mientras tanto, un primer paso para tener una salida laboral que le motive se lo ha dado Cruz Roja con el curso de ayudante de cocina, donde ha perfeccionado las técnicas que ya había adquirido en Venezuela y ha aprendido a limpiar y a elaborar pescado y marisco.
«He mejorado la preparación de la carne, de los pescados, los caldos y los fondos para cualquier tipo de salsa o tapas, y especialmente nos han enseñado a eviscerar y desescamar pescados como el calamar, el chipirón, el boquerón y la sardina para prepararlos a la plancha o fritos», ha relatado.
Pese a que el trabajo en la cocina no es el sueño de su vida, está dispuesto a lanzarse de lleno para conseguir una estabilidad económica y ahorrar para «retomar» su vocación como jurista, para lo cual necesita los referidos dos años de convalidación.
Licenciado por la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, Parra está convencido de que le queda recorrido laboral para poder trabajar como abogado hasta los 70 años y confía en que España le permita hacerlo para aportar riqueza a un país al que se siente agradecido por brindarle una segunda oportunidad.
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