La alemana Carola Rackete, de 31 años, fue detenida en la madrugada del sábado pasado tras atracar sin autorización en el puerto de la isla italiana de Lampedusa con 40 migrantes a bordo.
Bajo el lema «Ilegal es dejarles morir», la organización ha reclamado, además de la liberación de Rackete, que se enfrenta a acusaciones penadas con diez años de prisión, otras medidas a nivel europeo para que no se sigan poniendo «obstáculos y criminalizando la labor de las tareas de rescate de personas en el Mediterráneo».
Asimismo, Cear ha subrayado la necesidad de que se derogue la nueva ley antiinmigración, según la cual los barcos humanitarios que se adentren en aguas italianas sin autorización se enfrentan a un proceso penal y a sanciones de hasta 50.000 euros.
«El Gobierno italiano debe abandonar el discurso de incitación al odio y la xenofobia de las personas migrantes y refugiadas y como consecuencia la criminalización de las entidades de rescate y defensa de sus derechos», ha destacado la directora de la entidad, Estrella Galán.
Para Cear, «es más urgente que nunca» que Europa adopte un protocolo de desembarco seguro y predecible que ofrezca seguridad jurídica a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo y evite que sus embarcaciones «puedan pasar días, o incluso semanas a la deriva, poniendo en peligro la vida de las personas rescatas».
«En otras palabras, Salvini no puede seguir dictando la política migratoria europea en contra de la legislación internacional del mar y el derecho de asilo», ha zanjado Galán.
Por último, ha demandado al Gobierno español que promueva en el Consejo Europeo la aprobación de este protocolo de desembarco seguro y que priorice «el respeto de los derechos humanos y el rescate de personas en la gestión de las políticas migratorias».
El año pasado, el Mediterráneo volvió a ser la ruta más mortal del planeta y 2.299 personas perdieron su vida en sus aguas, de las que más de 800 fallecieron tratando de alcanzar costas españolas.
Tras la detención de Rackete, Open Arms decidió reactivar su misión de salvamento marítimo, ha recordado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha solicitado al Gobierno que proteja «de forma inmediata y eficaz» a esta embarcación ante «las amenazas de detención del Gobierno Italiano».
Y ha advertido de que en caso de que eso ocurra, la Red se personará jurídicamente en contra del Estado Italiano al entender que su actuación está atacando de forma evidente a una embarcación y proyecto internacional español.
De la misma forma, los responsables del Aita Mari han anunciado que emprenderán acciones legales contra las instituciones y funcionarios que entienden que están actuando contra la ley por impedir que este buque participe «en operaciones de rescate de personas en riesgo de muerte en el Mediterráneo».
Estrella Digital