Catorce gobiernos de América Latina y el Caribe han pactado una ruta para la integración de los refugiados y migrantes de Venezuela en sus países que comprende acciones específicas como la convalidación de títulos académicos, la lucha contra la trata de personas o la cobertura de atención sanitaria.
Mediante una declaración conjunta, los gobiernos acordaron reforzar la cooperación, comunicación y articulación entre los países de tránsito y destino de los venezolanos, por medio del fortalecimiento de las medidas contra los delitos transnacionales como el tráfico y la trata de personas, así como contra la violencia sexual y de género, y el combate a la discriminación y la xenofobia. El objetivo es asegurar la protección de los más vulnerables.
El plan comprende, asimismo, crear centros de formación, recepción, orientación y asistencia a refugiados y migrantes, el establecimiento de una plataforma de orientación y de desarrollo del capital humano, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado.
Los gobiernos acordaron impulsar la creación de un grupo de países e instituciones para colaborar en la mitigación del impacto de la crisis en la región mediante la movilización de recursos que apoyen la ejecución del Plan de Acción de Quito y de la hoja de ruta.
Eduardo Stein, representante especial conjunto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones para el éxodo venezolano, ha celebrado la iniciativa —aprobada la semana pasada en Buenos Aires— y que está en línea con el denominado Proceso de Quito.
«El Proceso de Quito representa un espacio clave para la comunicación y la coordinación entre los Estados. Hay muchas buenas prácticas en la región y los gobiernos se benefician de las oportunidades de intercambio, articulación y armonización. Por tal razón, es crucial seguir ampliando y fortaleciendo la participación de los países de la región en este proceso», indicó Stein.
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