Del ejercicio fiscal 2018 aún faltan nueve mil 789 millones de pesos por aclarar de las 28 entidades federativas, cuyo monto equivale al 15 por ciento del presupuesto asignado al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, por lo que es necesario aplicar mecanismos de transparencia en la materia, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con el informe Dinero Prófugo, cuya finalidad es dar seguimiento al gasto auditado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el total pendiente de recuperar es también similar a una tercera parte del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el año pasado.
La Coparmex reveló que 60 por ciento del total de recursos sin aclarar se encuentra en cuatro entidades federativas: Oaxaca, con mil 943 millones de pesos; Estado de México, con mil 814 millones; Chiapas, con mil 71 millones, y Jalisco, con mil 70 millones de pesos.
Sin embargo, expuso, la Ciudad de México, con 23.2 por ciento; Chiapas, con 21.5 por ciento; Nayarit, con 18.3 por ciento, y el Estado de México, con 11.7 por ciento, sobresalen como las cuatro entidades con mayor porcentaje de recursos sin aclarar en 2018.
El organismo a cargo de Gustavo de Hoyos Walther refirió que los estados de Baja California, Querétaro, Sinaloa y Sonora han mostrado un escenario positivo, pues en ese indicador destacan como los cuatro gobiernos estatales que no presentan dinero pendiente por aclarar.
Sin embargo, ante la cantidad de recursos que los gobiernos de las entidades tienen pendiente por aclarar, el organismo patronal consideró necesario que los diferentes órdenes de gobierno diseñen mecanismos efectivos que permitan rastrear el uso de recursos públicos entregados a esos gobiernos.
De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, México fue el país con mayor corrupción en 2018 de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“México requiere mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas funcionales que le permitan avanzar en su objetivo de eliminar la corrupción, además de generar un ambiente favorable para la inversión y el desarrollo económico”, añadió.
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