En una carta enviada a los líderes del Senado, el republicano Mitch McConell y el demócrata Chuck Schumer, los alcaldes exigieron convocar a una sesión extraordinaria para que se aprueben los proyectos de ley sobre el control de armamento, que ya pasaron por la Cámara de Representantes en febrero pasado.
Las iniciativas permitirían verificar los antecedentes penales de los compradores de armas, incluidos los que las adquieren por internet y/o en ferias de material bélico.
También se propone ampliar a 10 días el tiempo en que una persona tiene que esperar para comprar un arma. En la actualidad, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tarda alrededor de tres días para revisar los antecedentes.
Sin embargo, los proyectos fueron bloqueados por McConnell en el Senado, controlado por los republicanos; cuyo partido es cercano a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) de Estados Unidos, que se opone a cualquier ley que impida a los estadunidenses obtener un arma.
“En 2019 ya ha habido más de 250 tiroteos masivos”, explicaron los alcaldes, entre los que se encontraban Dee Margo, de El Paso, Texas; y Nan Whaley, de Dayton, Ohio, las dos ciudades en las que los tiroteos del pasado fin de semana dejaron 31 muertos.
«Los trágicos eventos en El Paso y Dayton de este fin de semana son solo los últimos recordatorios de que nuestra nación ya no puede esperar a que el gobierno federal tome las medidas necesarias para evitar que las personas que no deberían tener acceso a las armas de fuego puedan comprarlas», indicaron.
Los alcaldes aseveraron que si las leyes hubieran sido aprobadas anteriormente se podrían haber evitado grandes masacres, de acuerdo con el diario local The Washington Post.
Por su parte, la NRA puntualizó que su postura es que «aquellos que han sido hallados por un juez como un peligro para sí mismos o para otros no deben tener acceso a las armas de fuego».
En un mensaje enviado a través de la red social Twitter, el grupo conservador indicó que «debe haber pruebas reales, y no podemos sacrificar los derechos constitucionales de nadie sin el debido proceso».
La organización consideró que ninguna de las propuestas actuales para la verificación de antecedentes habría evitado las tragedias ocurridas en el país.
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