En mayo de este año se aprobó en el Consejo Regional de Cusco la ordenanza regional que priorización de la mano de obra regional – local en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo y califican como infracción muy grave el despido de trabajadores peruanos para la inmediata contratación de personal extranjero en condiciones de sub empleo e informalidad.
Esta medida se publicó el pasado 21 de julio y tras ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que se iniciaría una acción de inconstitucionalidad, tras una serie de reuniones con el Ministerio de Justicia.
Frente a ello, ya han pasado 19 días desde la norma publicada, y la norma ya se está aplicando dijo a Gestión.pe el director Regional de Trabajo de Cusco, Ali León.
Comentó que, medidas como la emitidas tienen referencias anteriores, como es el Decreto Legislativo 689 emitido por el Ejecutivo hace 30 años, en el que se sostiene que se sostiene que sea preferente la contratación de peruanos, “esta norma nunca fue calificada de xenófoba ni racista o chauvinista”, dijo.
“Estamos a la espera de lo que se diga o se pronuncie por la acción de inconstitucionalidad”, indicó.
De la misma manera, indicó que si todo ya está normado, en referencia a la declaración del viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, “¿cómo Sunafil establece un protocolo en lo que ya está regulado? Nuestra normatividad es deficitaria, no solo en la contratación de extranjeros, sino en la fiscalización laboral. Sunafil no llega donde las gerencias regionales llegaban hace 15 años”, expresó.
En esa línea indicó que, los gobernadores del sur han expresado su solidaridad con Cusco, y el deseo de emitir normas similares en Tacna, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac y Puno.
Alí León sostiene que la norma era necesaria y el indicar que es “innecesaria no es causal de inconstitucionalidad”.
Inicio de la fiscalización
El director Regional de Trabajo, Ali León dijo ya se ha empezado los primeros trabajos de fiscalización en el ámbito turístico, en hoteles restaurantes, en el que sostiene se han detectado muchos indocumentados.
“En el 2018 se autorizaron 138 autorizaciones de contratos de venezolanos en Cusco, respecto de 3,000 que según Migraciones tienen PTP en la región. Aunque las cifras reales se calculan en más de 6,000 personas. ¿no crees que esa diferencia admite una intervención estatal, de gestión pública o de acción pública?”
Comentó que, la ordenanza no persigue la prohibición ni el despido de trabajadores, sino las condiciones en las que están siendo contratados.
“En dos semanas lo que hemos encontrado trabajadores ilegales indocumentados, de nacionalidad variada, que están propiciando de bastante inequidad en el mercado laboral”, mencionó.
“La regla de mercado es la competencia leal y desde el momento que hay personas que están compitiendo a mitad de costo o a un tercio de costo, por aplicación de la ley, necesariamente tiene que merecer amparo del derecho”, indicó.
En ese sentido, dijo que lo que se busca es emparejar la cancha no solo para el empleo de peruanos, o cusqueños. “Hablamos de la mano de obra regional local, sin importar la nacionalidad. Va desde la perspectiva objetiva en función a la residencia, y para que un extranjero tenga residencia tiene que cumplir con las normas”, remarcó.
Así, en el proceso de fiscalización indicó que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones contractuales y luego de las obligaciones laborales.
“Hemos encontrado a extranjeros que están por debajo del sueldo mínimo, e incluso a extranjeros a los que los empleadores no les están pagando”, dijo.
Comentó que, en una farmacia, un trabajador venezolano estaba con bata detrás del mostrador y cuando se hizo la intervención dijo que es cliente y no trabajador. “Ellos mismos se están sometiendo a esas reglas. Se expone a esa situación, en la que incluso los niegue. Ya no solo es informalidad o subempleo, es ‘subtarreneidad laboral’”
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