Un día después de que el Ejecutivo ofreciera por primera vez un puerto desde que se desencadenó esta crisis el pasado 1 de agosto, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Italia de «saltarse las leyes» y contravenir «todas las normas», por lo que ha dejado la puerta abierta a denunciar a sus responsables ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar de Hamburgo.
Sin embargo, Calvo también ha dirigido sus críticas a la ONG, sugiriendo que tuvo la oportunidad de atracar en Malta después de que el Gobierno estuviera trabajando «todo el tiempo» en esta alternativa y, sin embargo, no lo hizo.
«Pudo haber entrado en Malta. Esa solución estaba ahí», pero el buque no quiso hacerlo «e insistió en ir a Italia», ha puntualizado Calvo, quien considera que la actuación del Gobierno ha sido «ejemplar» porque ha ofrecido «todo tipo de salidas». «¿Qué más podemos hacer?», se ha preguntado.
El buque ya suma 18 días en el mar esperando un puerto seguro, los últimos cuatro fondeando a tan solo 800 metros de la isla italiana de Lampedusa, que es donde insiste en que tiene que atracar; no obstante, esta mañana se ha mostrado abierta a aceptar la última oferta del Gobierno de ir a Palma o Mahón si Italia y España «ponen los medios necesarios» para garantizar la seguridad y el éxito.
Lo hacía en un comunicado en el que señalaba que «después de 18 días de estancamiento, Italia y España parecen haber finalmente llegado a un acuerdo, identificando Mallorca como puerto de desembarco. Una decisión que nos parece completamente incomprensible», señalaba el texto.
Poco después, fuentes de la Moncloa negaban tajantemente la existencia de un acuerdo con el país transalpino «al que alude de manera confusa la propia ONG» y han asegurado que «lo único cierto es que el Gobierno ha ofrecido al Open Arms poder dirigirse al puerto español que esté más próximo en su ruta y que el Ejecutivo italiano está incumpliendo la ley al impedir el desembarco».
Especialmente dura con los responsables italianos ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha acusado al titular de Interior de ese país, Matteo Salvini, de haber hecho fracasar la Operación Sophia en el mar Mediterráneo por sus políticas «xenófobas» y su actitud «inconcebible» con este barco.
Robles ha descartado la continuidad de esta operación militar que actúa desde 2015 en el Mediterráneo para controlar el tráfico de personas tras ponerse en contacto por videoconferencia con 22 tropas españolas que trabajan en misiones de paz en el extranjero, entre ellas la propia Sophia.
Mientras, Salvini se volvía a preguntar en sus redes «¿Por qué el Open Arms no va a España? En 18 días iban y venían de Ibiza y Formentera tres veces, para ellos ésta es una batalla política».
Y, entre ambos, el director y fundador de Proactiva Open Arms, que en Twitter ha dejado el siguiente mensaje: «Podemos rescatar y atender a 163 personas a bordo durante 2 semanas, podemos defender sus derechos ante las instituciones pertinentes, podemos soportar el ataque mediático de dos gobiernos y de su propaganda populista, pero sólo somos una ONG agotando nuestros limitados recursos».
El cruce de acusaciones sigue complicando que las 107 personas que quedan a bordo de la nave puedan pisar tierra firme; la última propuesta que ha lanzado la ONG es transferirlas a Catania (Sicilia) y de ahí que sean llevadas en avión a España, pero aún no ha habido respuesta.
La gestión de la crisis por parte del Ejecutivo ha sido criticada una vez más por el líder del PP, Pablo Casado, quien ha considerado que ofrecer puertos españoles después de todo intensifica el «efecto llamada» para las «mafias» que trafican con personas migrantes.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a Sánchez «coordinación y cortesía institucional» a la hora de ofrecer puertos de su comunidad que no tuvo cuando ayer propuso en un primer momento el de Algeciras.
En Ciudadanos, el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, le ha urgido a «coger el toro por los cuernos» para que «nadie muera en el Mediterráneo», aunque ha declinado comentar el polémico tuit del diputado de la formación naranja Marcos de Quinto, en el que cuestionó a «alguno de sus bien comidos pasajeros».
Desde Vox, la presidenta de este partido en Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido que Italia cierre sus puertos porque es «inviable» convertirse en «el foco de toda la inmigración ilegal», por lo que ha reclamado una política europea «coherente y homogénea».
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