En sus preceptos, esta organización de la sociedad civil (OSC) establece que la identidad de los donantes no se divulga al interior ni al exterior de la organización «por razones de seguridad».
Manuel Polo Sánchez, director Ejecutivo de Bios A.C., explicó que al pertenecer al padrón de donatarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como lo es dicha OSC que dirige Claudio X. González Guajardo, “se están recibiendo recursos públicos que está dejando de percibir el gobierno”.
En el caso de Bios, aclaró que no está en el padrón de donatarias de la Secretaría de Hacienda porque “es un tema de incongruencia recibir dinero del gobierno y tratar de incidir en él”.
En su portal, en el apartado “Quiénes somos” referente al financiamiento, MCCI explica: “con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de Mexicanos vs Corrupción e Impunidad, A.C., así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización».
Además, indicó que “creemos que la mejor forma de que nuestro trabajo sea siempre independiente y objetivo es diversificando nuestra base de donantes. Hasta el 31 de diciembre de 2018 se han recibido donaciones de ocho mil 765 personas físicas y morales”.
Al revisar la base de datos del informe 2018 de Donatarias del SAT se puede comprobar el monto total de donaciones que reciben, tanto en especie como en dinero.
Sin embargo, la información sobre quiénes y cuánto aportaron sus donantes es un secreto guardado bajo la llave de la seguridad y protección de datos, lo que podría ser contradictorio en una OSC que combate la corrupción y la impunidad.
La legislación federal establece que para recibir donativos, los organismos deben registrarse en la base de datos de donatarias, como ocurre con MCCI, que en 2017 recibió 73 millones 57 mil 529 pesos y que fue publicado en el informe del SAT 2018; no obstante, faltan los datos públicos sobre el origen de esos donativos.
MCCI surgió después de la modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aprobada en 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que prohibía que los recursos públicos donados a las asociaciones civiles fueran destinados a influir en la legislación.
En el artículo 97 de la Ley del ISR de 2012 se indicaban los requisitos para expedir donativos deducibles de impuestos y en su apartado II establecía: “las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación”.
Con lo aprobado en 2014, en su artículo 82 apartado II, se determinó eliminar el último renglón: “o destinadas a influir en la legislación”.
Lo anterior impedía a las asociaciones civiles que recibían exenciones de impuestos, usar esos recursos para realizar actividades que influyeran en la elaboración de leyes; al eliminar este apartado, se abrió la posibilidad de empujar reformas legislativas.
Según el MCCI cuenta con un consejo consultivo que brinda asesoría “sobre las estrategias para la investigación y denuncia de la corrupción, así como para el diseño de propuestas de políticas públicas o reformas legislativas que fortalezcan el marco institucional en la materia”, este último aspecto estaba prohibido hasta 2014.
También aclara que el “MCCI no recibe fondos de partidos políticos ni de los gobiernos federal, estatales o municipales”.
Sin embargo, como expuso Polo Sánchez, quedar exentos del pago de impuestos es una forma de recibir fondos gubernamentales.
Bajo el esquema actual, la información de la Secretaría de Hacienda y del SAT no está abierta al público, por lo cual resulta complicado darle seguimiento a las donaciones que reciben las OSC tanto del sector público como privado, de instituciones nacionales y extranjeras, así como el destino de las mismas.
Estrella Digital