Henrique Valladares, que por muchos años se desempeñó como vicepresidente de Odebrecht, fue hallado muerto en su residencia de Río de Janeiro. Valladares fue uno de los principales delatores del acuerdo que la constructora brasileña firmó con la Fiscalía para confesar su corruptela.
Sus familiares encontraron el cuerpo este martes en la noche en el apartamento en el que el ex ejecutivo vivía en el acomodado barrio de Leblon. La autopsia no permitió establecer los motivos de la muerte, por lo que su fallecimiento fue registrado como provocado por causa indeterminada, dijo la Policía Civil.
Valladares fue uno de los principales de entre el cerca del centenar de ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la justicia. Confesó sus crímenes y señaló a sus cómplices a cambio de reducciones en sus condenas y otros beneficios judiciales.
El acuerdo conjunto permitió establecer la responsabilidad de la que era la más grande constructora de Brasil en numerosas corruptelas. Los sobornos se extendieron por varios países latinoamericanos y africanos, entre ellos Colombia, Perú, Venezuela y República Dominicana.
La confesión de Valladares
Entre las revelaciones de Valladares destacó el supuesto pago de una donación electoral ilegal por 12,5 millones de dólares. Este monto fue a cuentas en el exterior de Aécio Neves, candidato derrotado por Dilma Rousseff en las presidenciales de 2014.
Igualmente, acusó al ministro de Minas y Energía en el gobierno de Rousseff, Edison Lobao. Valladares dijo que este recibió sobornos a cambio de favorecer a la empresa en contratos públicos en el área energética.
El ex vicepresidente de Odebrecht indicó que Lobao aprovechó una visita de cortesía que le hizo al hospital en el que estaba ingresado. Allí le exigió un soborno a cambio de otorgarle a la empresa contratos para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.
También confesó que Odebrecht pagó sobornos a grupos de indios para que no realizaran protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonía. Asimismo, la brasileña pagó a sindicalistas para que se abstuvieran de manifestaciones por supuestos motivos ambientales.
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