Los sindicalistas, indígenas y campesinos que arroparon a Morales durante sus casi catorce años en el poder sellaron la paz con el Ejecutivo provisional de Jeanine Áñez en aras de la reconciliación en Bolivia.
La firma tuvo como protagonistas al ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, considerado el brazo duro del Ejecutivo, y dirigentes como el secretario de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, quien durante años se codeó con Morales.
La firma de esta jornada en La Paz brindó imágenes hace poco impensables, como el apretón de manos entre el ministro, un férreo opositor a Evo Morales, y Segundina Flores, líder de las ‘bartolinas’, una organización de mujeres indígenas incondicional siempre con quien durante casi catorce años dirigió Bolivia.
El acuerdo con los ‘hermanos’, como los llamó Murillo, incluye que el ‘compañero’ ministro, en palabras de Huarachi, estudie caso por caso la liberación de detenidos durante más de un mes de protestas desde las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia cuenta en 53 los arrestados desde entonces que aún siguen detenidos.
El conflicto en el país suma 33 fallecidos y más de 800 heridos, muchos de ellos en operativos militares y policiales.
El repliegue de las Fuerzas Armadas, cuyo apoyo a la Policía en las calles es denunciado por los seguidores de Morales, y la agilización del proceso hacia nuevas elecciones son parte de los compromiso entre las partes.
Unos compromisos que se enmarcan en una mesa de diálogo instalada el pasado fin de semana entre el Gobierno interino y estas organizaciones, con apoyo de organismos internacionales, para que el país se encamine en paz hacia las urnas.
El órgano electoral que tendrá que poner fecha a esos comicios ya tiene su primer vocal, Salvador Romero, designado este lunes por la presidenta interina, Jeanine Áñez.
El jefe de Estado en Bolivia tiene la potestad de nombrar uno de los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que el resto corresponde al Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Evo Morales.
Romero fue presidente de este organismo, entonces Corte Nacional Electoral, antes de que la Constitución promulgada por Evo Morales en 2009 lo sustituyera por el actual Órgano Electoral Plurinacional, cuya máxima instancia es el TSE.
El nuevo vocal lanzó un mensaje en pro de la independencia del próximo tribunal electoral, después de que el anterior terminara procesado por el supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre que dieron vencedor a Morales.
Esas elecciones han quedado anuladas por la ley consensuada entre el Ejecutivo de Áñez y el Movimiento al Socialismo de Morales para agilizar la nueva cita electoral a comienzos de 2020.
Pero no todo es consenso en un país en que siguen visible la polarización social. Los cocaleros afines a Evo Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras en el trópico de Cochabamba, el feudo sindical y político de quien fue presidente del país sin dejar su cargo al frente de los sindicatos de productores de hoja de coca.
El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, a quien los sectores afines a Morales proyectan como su sucesor, advirtió del momento ‘muy difícil’ por la ausencia de su líder, asilado en México.
Detractores y afines a Evo Morales se encontraron a las puertas de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Cochabamba, a propósito de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar la situación de derechos humanos en Bolivia.
Centenares de personas de ambos grupos llegaron con pancartas y gritando consignas a favor y en contra de Morales y del Gobierno interino de Áñez, respectivamente.
Hubo algunos momentos de tensión, con insultos y empujones de por medio, que fueron controlados por la Policía.
Bolivia está sumida en uno de los conflictos más graves de su historia reciente, desde que al día después de las elecciones del 20 de octubre comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Evo Morales, quien fue proclamado ganador para un cuarto mandado consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en esos comicios y Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.
La renuncia es calificada de ‘golpe de Estado’ por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.