La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia ordenó la inmediata libertad de cuatro árbitros que cumplían prisión preventiva por 18 meses mientras la Fiscalía los investiga por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de laudos arbitrales.
Se trata de los abogados Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Marcos Espinoza Rimachi y Alfredo Zapata Velasco. Su excarcelación, no obstante, será efectiva una vez que paguen la caución de S/100 mil que le exige la justicia como garantía.
En la resolución judicial emitida el 25 de noviembre, se concede también la apelación de los árbitros Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, Franz Kundmüller Caminiti, Ramiro Rivera Reyes y Daniel Linares Prado. Los tres primeros se encontraban no habidos, mientras que Linares ya había recuperado su libertad.
Respecto a Abanto, el colegiado indica que si bien existen elementos “reveladores” sobre la entrega de US$106 mil ilícitos, este pago habría estado encargado del árbitro Alejandro Álvarez Pedroza. “Falta esclarecerse si, efectivamente, parte de aquel soborno fue entregado a Abanto Verástegui como sugiere la sindicación del aspirante a colaborador eficaz”, se lee en el documento.
En relación a Cantuarias y Kundmüller, la sala indica que los elementos de convicción consignados «no alcanzan a la magnitud de graves y fundados» para justificar la prisión preventiva.
“Los citados imputados habrían recibido la suma de S/288,888.64 cada uno por parte de la empresa contratista Odebrecht, cuyo monto supera la cantidad que debió haber percibido según la tabla de honorarios del Centro de Arbitraje de la CCL (Cámara de Comercio de Lima) (…) hasta eta etapa de la investigación no se puede concluir razonablemente que exista sospecha fuerte respecto de que lo recibido como honorarios hayan provenido de un pacto ilícito”, se señala.
Si bien a los ocho letrados se le revocó la orden de prisión preventiva, se les impuso la medida de comparecencia con restricciones. Y además de la caución que deberán pagar, están prohibidos de comunicarse entre ellos y asistir a los locales de las empresas implicadas en la investigación; y deberán concurrir a todo llamado de la Fiscalía.
En el caso de Alejandro Orlando Álvarez Pedroza, quien salió del país tras conocer que se pedía su detención, se le ordenó detención domiciliaria. El tribunal confirmó la comparecencia con restricciones a Emilio David Cassina Ramón y también la detención domiciliaria de Emilio Cassina Rivas.