De esta manera, España responde a la expulsión de los diplomáticos españoles Cristina Borreguero, Álvaro Fernández y a un grupo de policías, a los que se ha dado otras 72 horas para abandonar el país tras el incidente ocurrido en una visita a unos asilados bolivianos en una sede diplomática mexicana en La Paz.
Presidencia del Gobierno ha explicado en un comunicado que tras esta declaración, los diplomáticos bolivianos afincados en Madrid tienen un plazo de 72 horas para salir de España. Se trata del encargado de Negocios de la embajada boliviana en Madrid, Luis Quispe; el agregado militar Marcelo Vargas; y el agregado policial Orso Fernando Oblitas.
Exige en la nota que el Gobierno interino de Bolivia «reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación» entre ambos países.
Expresa que España «rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos» de Bolivia y aclara que «cualquier afirmación en este sentido» constituye «una calumnia dirigida a dañar» las relaciones bilaterales entre ambos países «con falsas teorías conspiratorias».
«La relación entre nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones», añade el Ejecutivo en funciones en el escrito.
Por ello, manifiesta su deseo de «seguir manteniendo unas relaciones estrechas de amistad y solidaridad» con el país andino «con pleno apoyo a que su voluntad democrática se exprese por los cauces legítimamente establecidos».
El hecho se conoció después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, presentara el sábado una queja ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por un incidente que, según aseguró, fue provocado por funcionarios de la Embajada española, que acudieron acompañados de «encapuchados» y «presumiblemente armados» a la residencia de la embajadora de México en Bolivia.
Fue por la visita realizada por la encargada de Negocios de España a dicha sede, en donde se cree que hay alrededor de una decena de asilados, entre los que se encuentran varios excargos del gabinete del expresidente Evo Morales, a los que el Gobierno actual de Bolivia ha acusado ante la Justicia de varios delitos, como el de terrorismo.
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