La escalada de cruces, amenazas, bloqueos, desplantes, presiones e intrigas entre un parlamento dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, y el Ejecutivo presidido por Martín Vizcarra llegó a su máxima expresión cuando, en un momento sin antecedentes, el mandatario decretó en septiembre la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas.
La nueva cámara que surja este domingo, una incógnita ante el altísimo índice de indecisos que señalan las encuestas, se espera que reconduzca la relación entre los poderes del Estado y deje de lado actitudes como las del Congreso disuelto, que no supo gestionar una apabullante mayoría parlamentaria en favor de la ciudadanía.
De hecho, la crisis política nació con las elecciones generales de 2016, con la sorpresiva victoria por un puñado de votos del veterano economista Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Kuczynski ganó la presidencia, pero Fujimori y su partido, Fuerza Popular, obtuvieron 73 diputados, una amplísima mayoría absoluta reforzada por su alianza tácita con otras agrupaciones, como el Partido Aprista del expresidente Alan García.
Con ese dominio, Fujimori se dedicó a «gobernar desde el Legislativo» y dirigió políticas de asfixiante acoso al Gobierno, forzó destituciones de ministros sin profundas razones de fondo y buscó copar los cargos públicos de designación parlamentaria.
Kuczynski fue rehén de estas políticas del fujimorismo, perdió a cuatro ministros por presión parlamentaria e incluso tuvo que reformar un Ejecutivo en pleno al perder una moción de confianza.
Mientras, las confesiones de Marcelo Odebrecht sobre el pago de decenas de millones de dólares a prácticamente todos los partidos políticos peruanos para facilitar sus negocios en el país, comenzaron a pesar con fuerza en la agenda política nacional.
Fujimori apareció como receptora de «aportes» de la empresa brasileña y pronto cobró fuerza una investigación sobre irregularidades en la financiación de sus campañas que, a ojos de los fiscales, implicó un delito de lavado de activos.
Fuerza Popular se convirtió así en una maquinaria dedicada a proteger a su jefa de las investigaciones, mientras que de forma paralela Kuczynski también quedó enredado en la maraña de Odebrecht.
La sombra de una destitución cayó sobre él mientras se conocía que había cobrado de Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), por lo que intentó salvarse indultando irregularmente a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, un paso con el que dilapidó su capital entre la izquierda y el centro moderado.
Y todo a cambio de nada, ya que en marzo de 2018, tras otro escándalo por los intentos de sus allegados por sobornar a diputados para salvar al Ejecutivo, fue obligado a dimitir y ceder la presidencia al entonces oscuro vicepresidente Martín Vizcarra.
Tras asumir el mando, el aparentemente anodino ingeniero civil se reveló como un mandatario «pechador» y decidido, algo que la oposición no esperaba, ya que tomó la lucha anticorrupción como la bandera de su gestión y forzó a la oposición a aceptar medidas muy poco de su gusto como la prohibición de la reelección de diputados.
Cada paso de Vizcarra contra la corrupción se tradujo en un pico de popularidad, mientras que la morosidad, las pegas, o la abierta obstrucción del Congreso hundía al legislativo en mayor descrédito.
Los últimos ingredientes para la tormenta perfecta quedaron dispuestos a partir del 28 de julio de 2018, cuando Vizcarra propuso nuevas elecciones generales, aunque su planteamiento fue archivado luego, sin mayor análisis por los parlamentarios.
Una maniobra del Congreso para renovar a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), con la intención aparente de colocar a magistrados que aseguraran una eventual interpretación favorable al Congreso de la Constitución en caso de conflicto de poderes, fue el motivo último de la ruptura.
El 30 de septiembre, el Congreso se dispuso elegir a los nuevos miembros del TC, pese al aviso de Vizcarra de que iba a plantear una cuestión de confianza sobre ese asunto, por lo que el primer ministro Salvador del Solar acudió al Parlamento, donde se le denegó el acceso y cerraron las puertas a pesar de que la Constitución amparaba su derecho a hablar ante la cámara.
Del Solar tuvo que prácticamente forzar su entrada en el hemiciclo y allí, en medio de un gran escándalo, presentó la cuestión de confianza con efecto inmediato, a pesar de lo cual el Congreso prosiguió con la elección de magistrados, lo que en los hechos negaba el pedido del Gobierno.
Poco después, y tras elegir a un magistrado para el TC, el Congreso aprobó formal y un tanto cínicamente el pedido del Ejecutivo, ante lo cual, poco después, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas amparado por la Constitución.
El Congreso reaccionó con furia y el núcleo duro fujimorista, y sus aliados, acusó al mandatario de violar la Constitución, lo «suspendió» por «incapacidad moral» y nombró a la vicepresidenta segunda Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones», quien en una rara maniobra juró el cargo para, horas después, desdecirse y desaparecer completamente del ojo público.
Sin embargo, ese día quedó en claro el apoyo masivo de la población a la decisión de Vizcarra, que poco después fue validada por el TC y hasta los opositores se embarcaron en una campaña electoral que, ya con el Congreso disuelto, ha despertado poco interés en los peruanos.
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