El decreto de urgencia (DU) que aprobó la ‘ley antimonopolio’, publicado en noviembre de 2019, fue declarado ‘inconstitucional’ en un informe aprobado ayer por el grupo de trabajo de la Comisión Permanente.
Los argumentos del equipo que preside el fujimorista Luis Galarreta señalan que la norma no es urgente y además dicen que “no se habría establecido la participación del grupo de interés (empresas), con el fin de que la norma no frene el normal desarrollo del mercado”.
Además, este grupo de trabajo recomienda la creación de un protocolo interno que agilice la entrega información de algún regulador hacia el Indecopi cuando se trate de fusiones en la banca y finanzas con el fin de no perjudicar los agentes del mercado durante el procedimiento’.
Ahora el informe pasará a debate en la Comisión Permanente y será el nuevo Congreso quien decida. Según el excongresista Jorge Del Castillo, el nuevo Parlamento debería votar la reconsideración del dictamen de ley en su primer pleno.
Aunque el dictamen no pudo ser publicado por el Congreso disuelto debido a un ‘error’ de redacción de texto, el Gobierno lo publicó a través de un decreto de urgencia que está vigente y empezará a aplicarse desde agosto. Indecopi recibió más de 13 millones para crear una comisión especial encargada de control previo de fusiones empresariales en el país.
“Es importante para evitar monopolios que afecten a consumidores. Buscan boicotear norma que sacó el Ejecutivo porque el Congreso no lo quiso aprobar”, dice Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.
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