Fujimori fue llevada nuevamente a la cárcel de mujeres de Lima este miércoles, que abandonó hace menos de dos meses, para cumplir ahora 15 meses de prisión preventiva mientras culmina una investigación que se le sigue por presunto lavado de activos vinculado con Odebrecht.
Cabe recordar que la Lideresa de Fuerza Popular, ya pasó 13 meses en esa prisión, hasta el pasado 30 de noviembre cuando fue liberada en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que aceptó un recurso que pidió resguardar su derecho a la libertad personal.
Sin embargo, en medio de un proceso complejo en el que la Fiscalía reúne cada vez más evidencias, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó este martes su reingreso en la cárcel hasta el 27 de abril de 2021.
El juez tuvo en cuenta la información brindada por el fiscal José Domingo Pérez, quien señala que en dos meses debe presentar una acusación formal, tras lo cual el caso pasará por un control de evaluación durante cinco meses y, finalmente, se abrirá un juicio oral que puede llevar a una condena de 14 a 24 años de cárcel.
Fujimori pasó la noche en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en el centro histórico de Lima, y hacia el mediodía de este miércoles fue trasladada hacia la cárcel de Chorrillos, un distrito costero en el sur de Lima.
Fuujimori fue conducida esposada hasta una furgoneta del Inpe que partió hacia la prisión. Decenas de personas la esperaron en los exteriores de la prisión de Chorrillos y al paso de la furgoneta que la trasladó lanzaron lemas como «Keiko, valiente, aquí está tu gente» y «Poder Judicial, vergüenza nacional».
El fiscal jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, ratificó este miércoles que esta prisión preventiva no solo busca culminar con la investigación, sino también llegar a un juicio oral en los próximos meses.
«En estas circunstancias se ha pedido un plazo no solo para investigarla, sino para juzgarla, para determinar su culpabilidad o inocencia», remarcó Vela a la emisora RPP Noticias.
El fiscal, quien se encuentra en la ciudad brasileña de Curitiba, donde interrogará a representantes de la empresa Odebrecht, enfatizó que la investigación a Fujimori «ha progresado notablemente» y se mostró conforme con que el juez haya ordenado 15 meses de prisión, y no los 18 que Pérez solicitó. «Quince meses son suficientes para que se determine la inocencia o culpabilidad de la señora Fujimori», concluyó.
En la tienda fujimorista, cuyo poder político resultó golpeado después de obtener solo 12 escaños en el Congreso elegido el pasado domingo, tras haber llegado a 73 en las elecciones de 2016, fueron numerosas las voces de protesta y acusaciones contra el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Incluso el secretario general del partido Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que la medida judicial busca sacar a Fujimori de la carrera hacia los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo año para elegir al sucesor de Martín Vizcarra.
«Lo que tenemos que advertir es que aquí no hay ningún respeto al estado de derecho en el caso de Keiko Fujimori, que la están sacando prácticamente de carrera (electoral) por el plazo que le han dado», se quejó.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, también aseguró que el juez Zúñiga omitió «flagrantemente» la decisión que tomó el TC de liberar a Fujimori a fines del año pasado y ratificó su postura de que no hay elementos de convicción contra su defendida.
En su resolución de este martes, el juez Zúñiga sostuvo que dictó la prisión preventiva al cumplirse con los estándares de proporcionalidad de los delitos por los que se investiga a Fujimori, además de existir el riesgo de fuga.
Fujimori es investigada por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que presuntamente recibió un millón de dólares de Odebrecht.
El juez remarcó que para que la investigación de un caso por lavado de activos continúe basta que se sospeche o presuma el origen ilícito del dinero y recordó que la ley peruana establece un límite de los aportes económicos a las campañas electorales.
Según el fiscal Pérez, Fujimori rompió toda la legalidad, obstruyó a la justicia y recibió millones de dólares de manera clandestina durante sus pasadas campañas electorales, por lo que se debe concluir que puede volver a hacerlo.
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