Estos procesos, informó el Poder Judicial, son de diciembre de 2019 (1,035) y enero del presente año (1,045), y corresponden a personas en condición de vulnerabilidad como trabajadores obreros, personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
De acuerdo con el presidente de la SSDCST, Carlos Arias Lazarte, la sala integrada por los jueces Diana Rodríguez Chávez, Rosa María Ubillus Fortini, Víctor Malca Guaylupo y Martín Ato Alvarado, tomó la decisión de resolver de forma masiva casos similares.
Para ello expidió el 4 de diciembre del año pasado la Casación Laboral N° 21082-2017-Cajamarca, en la que establece como doctrina jurisprudencial el criterio de que sí es procedente la reposición de un trabajador que realiza función pública pero que no forme parte de la administración estatal.
En referencia al tema, Arias Lazarte dijo que la SSDCST es la única sala suprema que conoce todos los casos de materia laboral en el área de Derecho Laboral Privado de toda la clase trabajadora del país.
Recordó que cuando una sala suprema emite una doctrina jurisprudencial, esta es de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores relativa a la reposición de un trabajador obrero en la administración pública.
El magistrado supremo también informó que la SSDCST tiene previsto resolver en el mes de febrero alrededor de 1,100 expedientes, para lo cual ha tramitado ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la disminución de vacaciones judiciales sólo a quince días.
Con el propósito de resolver la mayor cantidad de expedientes, indicó, harán uso de su descanso vacacional del 1 al 15 de febrero para reincorporarse a partir del 17 de febrero.
Arias Lazarte sostuvo que desde que asumió la presidencia del tribunal (noviembre de 2019) recibió una carga de 23,000 expedientes, la cual supera a la de otras salas.
Por esta razón, agregó, junto a los magistrados que conforman su sala decidieron realizar un trabajo esforzado para resolver con prontitud los diferentes casos.
Asimismo, señaló que ha solicitado a las autoridades judiciales la implementación en su sala de la firma digital para de esa forma optimizar tiempos que utilizan en la suscripción de las resoluciones.
Esta situación, a la postre, servirá para la implementación del Expediente Judicial Electrónico, plataforma que agilizará aún más los procesos en el Poder Judicial.
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