viernes, noviembre 22, 2024
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Perú corrupción: Implicados en caso Lava Jato a punto de entrar en prisión

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Por este motivo, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial del caso Lava Jato, buscará que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho les imponga 36 meses de prisión preventiva, a fin de realizar las investigaciones sin contratiempos.

La audiencia está prevista para iniciarse este jueves, a las 9:00 de la mañana, en la sede judicial Zavala, al costado del Palacio de Justicia. Al tratarse de tres procesados, y dependiendo de la carga probatoria, la audiencia se podría alargar por varias sesiones hasta tener una decisión de la magistrada.

Milagros Salazar atribuye a Castañeda, Luna Gálvez y Zegarra haber integrado una organización criminal que se infiltró en la Municipalidad de Lima, para luego coludirse con representantes de las empresas constructoras OAS y Odebrecht, para obtener beneficios económicos, en perjuicio de los intereses del Estado.

De acuerdo con los aspirantes a colaboradores eficaces, entre los cuales se encuentra Martín Bustamante, Castañeda recibió fondos económicos de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña de elección a la alcaldía de Lima, el año 2014.

En el caso de OAS, a cambio de un apoyo económico de 480 mil dólares, una vez que fue elegido, Castañeda Lossio favoreció a la constructora brasileña en el desarrollo del proyecto Línea Amarilla.

Además, la favoreció con el contrato de construcción del bypass de 28 de Julio, obra que se ejecutó sin los debidos estudios, solo para generar beneficios a la referida empresa constructora.

En el caso de Odebrecht, la retribución por el aporte de 500 mil dólares a la campaña municipal le permitió mantener la estabilidad jurídica en el contrato de Rutas de Lima. Previamente, en la campaña presidencial del 2011, Odebrecht también realizó aportes al exalcalde de Lima.

El papel de Giselle Zegarra en este esquema habría sido de ser intermediaria entre OAS y Castañeda para la continuidad del contrato de concesión de Línea Amarilla y el contrato del bypass de 28 de julio.

En tanto, José Luna Gálvez, el dueño de la universidad Telesup, tiene un papel importante, según la Fiscalía, para ocultar el origen ilícito de los aportes, justificar su ingreso a la contabilidad de campaña con falsos aportantes y, más adelante, procurarle un beneficio personal a Castañeda.La Fiscalía ha encontrado que, a través de Telesup, Luna Gálvez realizó pagos periódicos a Castañeda sin una justificación creíble. Además, del supuesto regalo de una camioneta pick-up 4×4.

El vehículo fue comprado por Luna Gálvez por 41.790 dólares y luego, en apariencia, revendido a Martín Bustamante Castro por US$ 30 mil dólares. Pero el vehículo siempre estuvo en uso de Luis Castañeda.

La Fiscalía establece que Luis Castañeda y Luna Gálvez buscaron influir o presionar a los testigos y colaboradores, con ofertas de trabajo, para que no dijeran toda la verdad al declarar a la Fiscalía.

A Martín Bustamante, ex cercano colaborador de Castañeda y hoy aspirante a colaborador, le pidieron no hablar de la intervención de Luna Gálvez y se le habría realizado amenazas.

La Fiscalía sospecha que el presidente de Podemos, José Luna Gálvez, podría fugar del país al tener poco arraigo y la capacidad económica para viajar al exterior.

La Fiscalía también sostiene que Luna Gálvez tuvo una conducta obstruccionista ante el hallazgo, en la maletera del automóvil de su hijo, de una maleta con 302.802 soles.

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