«No solo la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht sino también la de los aspirantes a colaborador eficaz Graña y Montero (empresa que fue parte del consorcio Gasoducto Sur), así como las de José y Hernando Graña (exdirectivos de Graña y Montero), quienes se han declarado culpables en el caso», señaló Vela, fiscal coordinador del equipo especial de la investigación Lava Jato, al diario El Comercio.La solicitud, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, exige a Perú dicha indemnización porque, según la empresa, al caducar el contrato para la realización del proyecto del Gasoducto Sur (GSP), el Estado peruano «violó sus obligaciones» fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.
La demanda contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del BM, llega cerca de un año después de que Odebrecht firmara un acuerdo de colaboración eficaz, que brinda beneficios judiciales y penitenciarios por colaborar con las autoridades, dentro de las investigaciones del caso Lava Jato.
Como parte de estas, el equipo fiscal del caso ha venido realizando interrogatorios a sus exdirectivos, quienes han reconocido los pagos ilícitos a diversas autoridades peruanas para la adjudicación del proyecto GSP.
En esa línea, el fiscal señaló que esta demanda «añade turbulencia a una relación que debería ejecutarse dentro de cierta normalidad», pero que el acuerdo de colaboración eficaz firmado por la constructora «incorporó una cláusula dentro de la cual toda la información a la que se accede dentro del mismo es pasible de ser usada contra la propia Odebrecht».
El GSP, el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.
El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.
Sin embargo, a finales de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato que mantenía con el consorcio liderado por Odebrecht y le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.
En 2019, la empresa brasileña reconoció «pagos ilícitos» para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el fiscal Vela.
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