Después del polémico proceso de extradición a EEUU del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, en paradero desconocido después de que la Audiencia autorizara su entrega, la Sala de lo Penal ha confirmado la decisión de la sección segunda, que en este caso no aceptó la entrega de Alvarado Ochoa.
Desestima así el recurso de la Fiscalía al considerar que, además de tener nacionalidad española, los hechos por los que le reclama EEUU también están siendo investigados en España.
En contra del ministerio fiscal, la Sala recuerda que «en modo alguno» se ha acreditado que el exviceministro venezolano obtuviera la nacionalidad española de forma fraudulenta o que Estados Unidos esté en mejor posición para enjuiciar los hechos.
Los procedimientos abiertos en ambos países, indica, «son una misma dinámica delictiva (…) sin poder dar preferencia a uno sobre el otro».
Además, la Sala considera que la causa que se sigue contra él en España es un obstáculo insalvable para extraditarle, y que se debe seguir investigando.
Ahora bien, deja la puerta abierta a que Estados Unidos pueda volver a reclamarle si alguno de los hechos que le atribuye se quedan sin juzgar en España.
EEUU solicitaba su extradición por delitos equivalentes a organización criminal y blanqueo de capitales, en relación con el tipo penal de corrupción en los negocios.
Cuatro magistrados, encabezados por la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, han discrepado de sus compañeros al considerar que no debería denegarse la extradición con el argumento de que Ochoa Alvarado tiene la nacionalidad española, aunque los indicios aportados por la Fiscalía no permitan probar plenamente si la adquirió fraudulentamente.
Recuerdan que la solicitó poco antes de salir de Venezuela, país del que conserva la nacionalidad, y poco después de incoarse en ese país y en Estados Unidos sendas causas por delitos graves «cuya dificultad de enjuiciamiento eficaz en el extranjero parece obvia».
Las actividades delictivas que se le atribuyen tuvieron lugar en EEUU y ya hay integrantes de la trama sentenciados y otros pendientes de juicio en ese país, donde están además las pruebas, destacan los magistrados.
A su juicio, que esté siendo investigado en España tampoco es motivo para no extraditarle, porque, aunque hay elementos comunes en ambas causas, no son idénticas y la conclusión es «la obstaculización del proceso seguido en EEUU».
La causa en España, explican, se han centrado en el posible blanqueo de capitales presuntamente obtenidos de la actividad criminal investigada en EEUU y otros países.
Recientemente, la Fiscalía ha pedido imputar la imputación de su novia, Ceciree Carolina Casanova, exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD).
Según la orden de arresto de Estados Unidos, a la que tuvo acceso Efe, el exviceministro presidió Bariven, una filial de PDVSA, y en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de la corporación para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos con sede en EEUU.
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