El primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín abrió investigación preliminar en torno a dos presuntos casos de sobrevaloración en la compra de material de bioseguridad para la Policía Nacional y alimentos para el Ejército Peruano.
La primera investigación, a cargo del fiscal provincial anticorrupción Carlos Mera Palomino, involucra al Coronel PNP Víctor Hugo Meza Farfán y al Mayor PNP Sixto Hernani Bravo, quienes ocupan el cargo de jefe de la Oficina de Administración y jefe de Logística de la Unidad Ejecutora N° 010-VIII-Dirtepol-Huancayo.
Según la denuncia, en dicha Unidad Ejecutora encargada de proveer a las regiones policiales de Pasco, Huancavelica, Huancayo y parte de la Selva Central, se adquirieron mascarillas, guantes quirúrgicos, lejía, alcohol en gel, entre otros, cuyo costo de S/ 3 millones sería producto de una ilícita sobrevaloración.
El segundo caso, a cargo de la fiscal adjunta provincial Fanny Canchari Carbajal, implica al Mayor EP José Lescano Huapaya, jefe del Organo de Contrataciones de la 31° Brigada de Infantería del Ejército peruano y al Coronel EP Jorge Rivera Akao.
Ambos son investigados debido a que la dotación de alimentos para los soldados de dicha dependencia militar por la emergencia del COVID-19, registraría un precio por encima de su valor real. Los delitos que se le imputan a los cuatro oficiales son colusión agravada y peculado doloso.
Como parte de las primeras diligencias, un equipo de fiscales intervino el almacén de la VI Macro Región Policial Centro – Huancayo, las instalaciones de la Región Policial Pasco, Huancavelica y la Comisaría de La Merced.
Asimismo, el almacén del Ejército ubicado en el distrito de Chilca y las áreas administrativas ubicadas en el distrito de El Tambo. Todo ello con la finalidad de verificar la dotación de los bienes señalados y recabar la documentación necesaria para la investigación fiscal.
Entre las próximas diligencias se ha dispuesto que se identifique al proveedor de cada una de las entidades involucradas, que se realice una pericia contable a fin de determinar la sobrevaloración de los bienes adquiridos por motivo de la pandemia, así como la identificación de los otros funcionarios que participaron de la adquisición de dichos recursos.
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