Alrededor de una veintena de oficiales de la Policía Nacional son sometidos a investigación por fiscales de Lima, Arequipa, Ayacucho, Puno y Junín, por haber intervenido en adquisiciones de equipamiento y alimentos en beneficio de empresas proveedoras con las que concertaron las adjudicaciones.
Durante el proceso de compras de mascarillas, mamelucos y otros productos de protección, limpieza y desinfección, así como de “ranchos fríos” para el personal policial que se encarga del cumplimiento del aislamiento social por la pandemia de nuevo coronavirus, miembros de la institución policial aprovecharon las circunstancias para “direccionar” los contratos por 25 millones 585 mil 304 soles otorgados a empresas confabuladas.
La recurrencia de denuncias de presuntos actos de corrupción en las compras que han efectuado entidades policiales en la capital y diferentes regiones motivó al mandatario Martín Vizcarra a exhortar al nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez, a que adopte medidas drásticas contra los autores de los actos ilícitos.
Los casos que indaga el Ministerio Público son los siguientes:
– La compra de implementos de bioseguridad y de alimentos por parte de la Dirección de Logística PNP, con sede en Lima, por 15 millones 171 mil 450 soles.
– La adquisición de equipos de bioseguridad y material de aseo y limpieza que hizo la Séptima Región Policial por 1 millón 305 mil soles.
– Los contratos que suscribió la Dirección de Investigación Criminal, igualmente por equipos de bioseguridad y protección, por 3 millones 101 mil 333 soles.
– Mascarillas, guantes y desinfectantes por 150 mil 445 soles que compró el Frente Policial de Ayacucho.
– Mascarillas, guantes y desinfectantes por 677 mil soles que adquirió la Región Policial de Puno.
– Los mismos productos por 2 millones 352 mil 976 soles que adquirió la Región Policial de Arequipa.
– Los equipos de bioseguridad, mascarillas, guantes y artículos de aseo que compró el Frente Policial de Junín por 3 millones de soles.
LA MISMA MODALIDAD
Los contratos bajo sospecha de corrupción suman 25 millones 585 mil 304 soles.
La República documentó los procesos de adquisición y comprobó que en todos los casos se utilizó la modalidad de contratación directa, en lugar de la licitación. Esto se produjo por mandato del Ejecutivo para agilizar las compras debido a la situación de emergencia.
Sin embargo, la medida produjo un relajamiento de la fiscalización. La ausencia de control contribuyó a que oficiales encargados de los procesos de adquisición convocasen a los proveedores que estos conocían con anterioridad, para favorecerlos con las adjudicaciones.
En el caso de la empresa Emotion Group Perú, la Dirección de Administración le compró mascarillas y “ranchos fríos” por 10 millones 249 mil 260 soles, no obstante que dicho proveedor carece de experiencia en ambos rubros porque su actividad consiste en la venta de repuestos y neumáticos para vehículos.
En la Dirección de Investigación Criminal, que se encuentra bajo el mando del general Juan Sotil Toledo, la indagación fiscal busca determinar si existe relación entre los oficiales que participaron en las contrataciones y las empresas que resultaron ganadoras.
En los casos de las regiones policiales de Arequipa, Ayacucho y Puno, también se repite el patrón de favorecimiento a las empresas proveedoras por parte de los oficiales a cargo. En Puno, además, se aprobó la compra de mascarillas y material de aseo a precio sobrevalorado.
Hasta el momento son más de 20 los oficiales relacionados con las adquisiciones bajo sospecha. La Fiscalía busca determinar si estos efectivos actuaron por su cuenta o cumplieron órdenes superiores para fraguar las compras.
Otra línea de investigación de la Fiscalía es si los oficiales comprometidos tienen vínculos familiares con los propietarios o representantes de las empresas proveedoras que ganaron las millonarias contrataciones. Este vasto caso de corrupción recién empieza a desvelarse.
ACCIÓN RÁPIDA
Al cierre de edición, el despacho del ministro del Interior, teniente general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo, anunció la decisión de que se les inicie procesos administrativos y separar a los efectivos involucrados en las compras bajo sospecha de corrupción
También informó que respaldará las acciones de las fiscalías que investigan los casos identificados, así como las labores de la Contraloría General de la República, que ha emitido varios informes sobre las compras irregulares.
El despacho del ministro Rodríguez indicó que en adelante las compras serán centralizadas para evitar el “direccionamiento” de los contratos, la adquisición de productos con sobreprecio o de muy mala calidad, o la adjudicación a empresas que no tienen ninguna experiencia en el rubro de equipos de bioseguridad e incluso de alimentos.
Estrella Digital