La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), preso por abusos a los derechos humanos, salió por segunda vez, en cinco meses, del penal de mujeres de Chorrillos donde cumplía la orden de prisión preventiva, a raíz de las investigaciones de la Fiscalía por los aportes ilegales para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Desde la tarde del lunes la líder opositora se encuentra en su hogar, mientras el equipo especial de la Fiscalía que investiga los casos que la vinculan al escándalo Lava Jato en Perú anunció que recurrirá la orden de excarcelación, después de que ya se hubieran opuesto a la realización de la audiencia que terminó por dejarla en libertad debido a la emergencia sanitaria.
El proceso de investigación por lavado de activos contra Fujimori debía concluir en marzo, según estimó el fiscal José Domingo Pérez al fundamentar su retorno a prisión en enero, pero la cuarentena ordenada por el COVID-19 ha suspendido su trabajo hasta la fecha.
La defensa de Fujimori, Guilliana Loza, tenía dos alternativas para lograr su excarcelación y que puso en marcha apenas regresó a la prisión en enero último.
Una era la apelación a la detención preventiva ordenada en su contra por obstrucción a la justicia y peligro de fuga, y la otra fue un recurso presentado por su abogada para evitar el contagio del coronavirus dentro de la cárcel, una salida que han planteado varios imputados por casos de corrupción en los últimos días.
Finalmente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado resolvió la apelación y otorgó el jueves la libertad condicional a Fujimori bajo fianza de 70.000 soles (unos 20.500 dólares), orden que se ejecutó el lunes y la también exlegisladora pudo regresar a su casa.
Fujimori deberá comparecer ante el juzgado una vez al mes, no cambiar de domicilio sin avisar antes al juez que tutela la investigación y no comunicarse con los demás imputados en el proceso.
Precisamente, la lideresa de Fuerza Popular, partido que perdió la mayoría en el Congreso en los últimos comicios de enero, anunció que no vivirá con sus hijas y esposo hasta que descarte si tiene el COVID-19, pero sobre todo porque su cónyuge, el estadounidense Mark Vito, es uno de sus coinculpados por lavado de activos.
Su abogada Loza explicó que debido a la restricción que Keiko Fujimori tiene de mantener contacto con sus coimputados y testigos, va a pedir una aclaración a la Sala sobre el caso de su esposo, su mamá Susana Higuchi, su hermana Sachie y de ella misma como defensora.
La investigación abierta contra Fujimori alcanza a su entorno familiar y político más cercano por el presunto financiamiento ilegal de sus campañas electorales, con millonarios aportes de empresas como la brasileña Odebrecht y la peruana Credicorp, entre otras.
Su exjefe de campaña Jaime Yoshiyama, exministro durante el Gobierno de su padre, está investigado por presuntamente haber buscado falsos aportantes para ingresar el dinero de estas empresas en las cuentas del partido, y ha pedido igualmente su excarcelación por el peligro del contagio del coronavirus, lo cual será evaluado mañana miércoles en audiencia.
La propia Fujimori publicó un mensaje en sus redes sociales, apenas retornó el lunes a su casa en Lima, en el que expresó que «más allá de la inmensa alegría» que siente por volver a su hogar, «he salido con un nudo en la garganta al saber que hay tantas internas, al igual que yo, que viven entre la angustia de cuidar de sus familias y el miedo a morir por coronavirus».
Pidió a las autoridades que aceleren los trámites de indultos a los presos más vulnerables «para aliviar el terrible hacinamiento en los penales que, en medio de una pandemia, es una pena de muerte».
Sin embargo, en las redes sociales hubo un fuerte rechazo al hecho de que Fujimori pudo acceder, en su domicilio, a una prueba molecular y a otra rápida de descarte del coronavirus, cuando hay miles de enfermos en los hospitales del país haciendo cola, desde la madrugada, para acceder a ser analizados porque hay déficit de pruebas en el país
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