El contralor general, Nelson Shack, consideró necesario que la Contraloría recupere su capacidad para sancionar administrativamente a funcionarios y servidores públicos que incurran en inconducta funcional o actos de corrupción, sobre todo por los casos identificados durante la emergencia por la COVID-19.
«Apenas termine la cuarentena, iniciaremos el control posterior, en base a los servicios de control simultáneo que venimos realizando, y en ellas es probable que se determinen responsabilidades de los funcionarios públicos durante esta etapa de emergencia, pero la Contraloría no va a poder sancionar a nadie a menos que se apruebe la ley que restituye nuestra capacidad sancionadora», aseveró Shack.
Indicó que mientras no se pueda sancionar a los malos funcionarios y servidores públicos, la sensación de impunidad será grande en la población. Cabe recordar que el pasado 29 de abril se cumplió un año de la presentación del proyecto de ley que busca restablecer la capacidad sancionadora a raíz del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC).
Ante la sesión virtual de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgos de desastres COVID-19 del Congreso de la República, el Contralor General anunció que, continuando con el control integral en la emergencia sanitaria, en las próximas semanas se realizará la supervisión a los penales, a la gestión de los residuos sólidos, así como a las ferias itinerantes para la venta de los productos agrícolas.
Asimismo, Shack Yalta señaló que la estrategia de control de la Contraloría en el marco de la COVID-19 comprende llegar hasta junio con cerca de 2,000 servicios de control y la emisión de 4,500 informes de control (orientaciones de oficio, visitas de control y control concurrente).
Durante la sesión, el Contralor aseveró que su institución está en capacidad de poder recibir todas las declaraciones juradas de intereses de los congresistas, en la medida que se haga a través del sistema virtual implementado por el ente de control.
“El Congreso ha dispuesto que las declaraciones juradas de los funcionarios de la organización y servicio parlamentario se hagan a través del sistema de la Contraloría”, refirió. No obstante, señaló que sería muy importante que el Poder Legislativo haga una precisión similar en el caso de los congresistas, y que, además, considere como parte de los deberes funcionales, la presentación de ésta en dicho sistema.
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