La Defensoría del Pueblo afirmó este miércoles que «es inminente la imposibilidad de atención» en los servicios de salud de Lima y Callao porque se encuentran bajo una «inmensa presión» por la cantidad de enfermos por la COVID-19 y la escasez de recursos. A 66 días del inicio de la emergencia en Perú y con más de 100 mil contagios, la entidad señaló que en los establecimientos de salud «faltan equipos de bioseguridad para el personal, camas UCI, ventiladores mecánicos, oxígeno, pruebas de descarte», entre otros dispositivos e insumos.
La ausencia de las pruebas de descarte se agudiza en los establecimientos de salud de Barranca, Huacho y Supe, ubicados en las provincias de Lima. Algunos de los casos más críticos se presentan en el Hospital Loayza, en el centro de la capital, donde 60 pacientes duermen en sillas de ruedas, compartiendo el oxígeno, en turnos de 12 horas cada uno, indicó un comunicado de la Defensoría.
Fallecidos extraviados
En el Hospital Cayetano Heredia existe «pérdida de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19» y, hasta la fecha, el centro de salud no ha corregido el «precario proceso de identificación de fallecidos», que expone a los familiares al contagio al ingresar al mortuorio. Asimismo, en los hospitales de Lima y Callao existen largas listas de personas que están a la espera de la visita de los «equipos de atención rápida» y lo más grave es que «ni siquiera priorizan la atención cuando la persona que demanda el servicio señala que ha perdido a un familiar por COVID-19, siendo este un factor de alto riesgo de contagio», apuntó la Defensoría.
La Defensoría también consideró que «es inaceptable que los familiares no tengan información» de sus pacientes internados en aislamiento, más aún cuando están en situación grave o requieren algún tipo de asistencia o ayuda especial por discapacidad o edad avanzada.
En el documento, la Defensoría advierte que los hospitales Cayetano Heredia, Sergio Bernales de Collique y Lan Franco la Hoz están hacinados y colapsados, no existiendo capacidad resolutiva para atender pacientes, de la misma forma que en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el hospital María Auxiliadora. En el Hospital Guillermo Almenara en el distrito de La Victoria hay dificultades para atender a pacientes con necesidad de operación quirúrgica por falta de pruebas de descarte de COVID-19.
Sobre los medicamentos
Respecto al acceso a los medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, la Defensoría indicó que «los altos precios o la escasez de los medicamentos constituyen un escollo que afecta el derecho fundamental de la salud». En ese sentido, declaró que el Ministerio de Salud debe asegurar la disponibilidad de los medicamentos que se vienen utilizando para contrarrestar los efectos de la enfermedad, tales como la azitromicina, dexametazona, hidroxicloroquina, paracetamol, entre otros.
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